Adicción al endeudamiento

En diciembre del 2001, Argentina dejó de pagar su deuda de más de 80 mil millones de dólares –el mayor incumplimiento en la historia de las deudas soberanas–, culminando así décadas de adicción a una estrategia de desarrollo basada en endeudamiento. La disposición favorable del Fondo Monetario Internacional en proveer créditos fomentó ese modelo de desarrollo y alentó la participación de préstamos del sector privado.

 

Entre 1957 y 1999, Argentina dependió por 33 años de la droga financiera del FMI. La proporción de la deuda en relación al producto interno bruto (PIB) aumentó de 29% en 1993 a 41% en 1998 y a 50% en 2000. Fue el excesivo gasto del gobierno lo que causó tal incremento. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas estima que el gasto del gobierno argentino casi se duplicó entre 1991 y 2001, mientras que el PIB aumentó 57%.

 

La principal causa del excesivo gasto gubernamental fue la ineficiencia de los gobiernos provinciales y sus grandes nóminas de empleados. Bajo el plan de co-participación, el gobierno federal cubrió el déficit de las provincias con deuda externa, gracias a la garantía implícita del FMI sobre créditos futuros de “emergencia”. Una alta proporción de la deuda era en dólares.

 

Desde diciembre de 2001, Argentina ha seguido acumulando deuda. La deuda total del gobierno para fin de 2001 era de 144 mil millones de dólares y aumentó a 177 mil millones de dólares para fin de 2003. El gobierno argentino ha mostrado poco interés en manejar con seriedad sus prioridades, tales como reformas estructurales para evitar futuros déficit; renegociación de la deuda externa; sanear el politizado sistema bancario –sobrecargado con bonos gubernamentales de valor incierto– y restituir los derechos de propiedad, haciendo cumplir los contratos con imparcialidad.

¿Puede Argentina sanear su adicción al crédito del FMI, introducir reformas y volver a participar en el mercado internacional de capitales? La respuesta requiere autorreflexión tanto de los políticos argentinos como de los inversionistas. El presidente Néstor Kirchner tiene razón cuando dice que quienes invirtieron en bonos del estado argentino deben confrontar los riesgos asumidos y no esperar ser compensados 100%. Y el ministro de Economía Roberto Lavagna pide correctamente reformas al programa de coparticipación y la reducción de impuestos a las inversiones.

 

Pero si Argentina aspira un crecimiento sostenible, debe asumir la responsabilidad de avanzar en tales prioridades políticas. En lugar de evitar la disciplina impuesta por el mercado –con controles de flujos de capitales de corto plazo que aumentan el costo del capital–, el gobierno argentino debería instrumentar políticas de mercado.

 

Una forma de hacerlo es abandonando el modelo de desarrollo basado en endeudamiento. La experiencia de los países desarrollados es que cuando la deuda se utiliza para financiar inversiones rentables del sector privado, el desarrollo es factible. Pero en la mayoría de países en desarrollo, la deuda externa se utiliza para financiar un gasto gubernamental descontrolado.

 

Sin el apoyo del FMI, Argentina se vería obligada a actuar responsablemente o afrontar las consecuencias en los mercados globales de capitales. La rendición de cuentas ante el mercado es más proclive a generar políticas sanas que la vigilancia y los créditos del FMI. Y el FMI no es capaz de cambiar la política del gobierno argentino.

 

Hoy, Argentina experimenta crecimiento económico y baja inflación. Pero, ¿cuánto va a durar sin reformas institucionales? El fin de la convertibilidad peso/dólar significa que el Banco Central ahora sí tiene que mantener una política monetaria creíble y dejar flotar al peso. La apertura de la economía mexicana ha logrado controlar de esa manera la inflación. Pero, ¿es realista esperar que Argentina lo logre, con una economía bastante cerrada y el ciego apoyo del FMI?