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Jorge Vilches

La Comisión del carpetazo

La primera conclusión a la que se puede llegar tras un mes escaso siguiendo a la Comisión del 11-M es que hay que reformar el reglamento en lo referido a la composición, el funcionamiento y los objetivos de las comisiones parlamentarias de investigación. No basta con poner el ejemplo de las norteamericanas, en las que personas de relevante y prolongada profesionalidad, sin ocultar su simpatía política, investigan para conocer la verdad, jugándose en ello su prestigio y credibilidad personales, no una portada de periódico o una palmada de sus conmilitones. Estamos hablando de dilucidar todo lo relacionado con un brutal atentado, y en ello va el valor de las instituciones y de los representantes de la nación.
 
El resto de conclusiones queda como estaba. Ni siquiera Rubalcaba ha podido demostrar que el Gobierno Aznar mintiera. El Ejecutivo popular se equivocó con estrépito intentando informar de indicios, líneas de investigación y conjeturas para conjurar las acusaciones de la cadena SER y del PSOE. Los socialistas y sus medios de comunicación afines supieron antes que Acebes de la existencia de las pistas islamistas, y cuando no las había se inventaron un terrorista suicida. A contrapié, las hipótesis gubernamentales fueron recreadas como fallos y mentiras, resucitando el movimiento del “No a la guerra”, que estaba medio dormido, satisfecho tras las elecciones municipales.
 
No hubo imprevisión, pero sí descoordinación policial. El Ejecutivo popular no pudo impedir el atentado. Un Estado de Derecho se funda en sostener las libertades, las mismas que utilizan los que pasan de rateros a terroristas para moverse, reunirse o difundir ideas, incluso la idea de que hay que acabar con ese Estado. Si se hubieran restringido los derechos, como en EE.UU. después del 11-S, aquellos que gritaban “¿Quién ha sido?”, hubieran llamado “¡Fascistas!” a los populares, o hablarían de “golpe de Estado”. Los enemigos de la sociedad abierta son así; estos son sus riesgos.
 
La línea de comunicación entre los socialistas y algunos policías, incluido un portero de finca alcalaína, ha quedado patente. La revelación de que prepararon sus intervenciones en las sedes de Ferraz y Gobelas servirá, sin duda, para que un futuro Luis Carandell escriba un tomito sobre anécdotas cómico-sospechosas de la política. Pero lo trascendental es que miembros de las fuerzas de seguridad comunicaron al PSOE antes que al Gobierno la existencia de las pistas islamistas, y que proporcionaron información errónea al equipo de Acebes.
 
ETA no fue la autora material, pero quizá sí quien planeó la sucesión de acontecimientos pocos días antes de las elecciones, con el deseo de estremecer políticamente el país. La similitud con los atentados frustrados meses antes es más que evidente. Las declaraciones de Acebes y Fungairiño en la Comisión en este sentido aumentan la importancia del “¿Quién ha sido?”, y deben abrir una vía de investigación.
 
A la pregunta de “¿Quién movilizó el 13-M?” se ha contestado, ahora de forma documentada, lo que ya se sabía: la izquierda y los separatistas. Ahí está el informe filtrado, ese que el PSOE quería ocultar, sobre los contactos entre Carod Rovira y Arnaldo Otegi en la jornada de reflexión. Querían que el 13 de marzo hubiera la “mayor anormalidad posible”. La cuestión no es si las movilizaciones las organizó Rubalcaba, sino si cargos del PSOE e IU las alentaron y se sumaron a ellas.
 
El objetivo del PP en la Comisión ha sido propagar la idea de que no mintió entre el 11 y el 14 de marzo, así como que el terrorismo es imprevisible. Pero el elector común cree, a pesar de los ríos de información sobre Al Qaeda y la fecha de sus amenazas, que la guerra de Irak provocó la matanza; y los populares desean que los electores vayan viendo a un nuevo PP, al de Rajoy.
 
El PSOE, por su lado, también ha querido dar carpetazo al tema. El electorado está convencido de que la victoria socialista fue el resultado de un voto emocional tras los atentados; y esto no gusta en el PSOE. Rubalcaba y los suyos han buscado que la Comisión dijera que ellos no manipularon ni utilizaron los atentados para movilizar a los electores a su favor.
 
Las metas de populares y socialistas, en fin, no son contrapuestas, pueden convivir en el silencio de una Comisión suspendida, con el regateo de comparecientes y el redoblar de conclusiones predefinidas.

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