El Gobierno de la Nación no deja de facilitar a los medios vergonzantes titulares ni en pleno mes de agosto. Las torpezas encadenadas de la concejala Jiménez han recibido esta semana el relevo de otro miembro subalterno del Gobierno que, cosas de ganar las elecciones sin esperarlo, ha vuelto a patinar poniéndose la toga de fiscal progre para explicar al país de veraneo los ataques de hace dos días en San Sebastián.
Los hechos acaecidos en la tarde del miércoles en el casco viejo donostiarra son la confirmación de que en el monstruo etarra está empezando a mover sus músculos tras el apagón temporal ocasionado por la masacre del 11-M. Todos los analistas coincidieron en lo mismo. Los aledaños de la banda asesina está dando señales de vida al señor de la Moncloa para que les tenga en cuenta en eso de la España plural, mercancía vaporosa e indefinida que mueve a cualquier tipo de interpretación.
Entretanto, en lo que ETA palpa el terreno, el que dio señales de vida fue el ministerio del Interior a través del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Y para lo que dijo bien podría haberse callado y haber reservado su infame comentario para su tertulia habitual de juristas comprometidos con el progreso. Camacho afirmó que lo de San Sebastián fue un suceso habitual “coincidiendo con las fiestas de determinadas ciudades”. Naturalmente no determinó esas localidades porque es imposible. Sucesos como el de San Sebastián estaban hasta hace dos días felizmente erradicados de la geografía festiva española. Ni en Fuenterrabía ni en Barbate, ni en El Grove ni en Roquetas, se han dado este verano, que tengamos constancia en este medio, sucesos como los registrados en San Sebastián el pasado miércoles.
La pugna contra la mal llamada “Lucha Callejera” o Kale Borroka, que de lucha tiene poco y mucho de devastación, ha sido un trabajo sostenido de muchos años de dedicación y esfuerzo por parte de las administraciones públicas. De las tristemente célebres Semanas Grandes vascas de los noventa a las pacíficas fiestas de los últimos dos o tres años hay un trecho considerable. Las medidas tomadas por el Gobierno de entonces consiguieron, por ejemplo, que de 2002 a 2001 la violencia callejera en el País Vasco se redujese en un 52%, y de 2003 a 2002 un 86%.
Cifras aparte lo más insultante en las declaraciones de Camacho no fue tanto su achatada observación sobre la violencia de nuestras fiestas populares sino la valoración que hizo de la violencia misma. Para Camacho, quemar contenedores y cruzarlos en un bulevar es “una forma muy desagradable de divertirse”. Así de simple. Asaltar la parte vieja de una ciudad en fiestas bien pertrechados de artefactos incendiarios y arrojárselos a la policía es una forma de divertirse, desagradable pero a lo que parece legítima. Esta vez, a pesar de estar calentando motores, el abanico de víctimas inocentes que esos jóvenes divirtiéndose dejaron a su paso ha sido notable.
El departamento de Interior del Gobierno vasco dijo que no se habían registrado víctimas, sin embargo tanto el Hospital Donostia como el Cuarto de Socorro atendieron a más de una decena de personas. Entre ellas se encontraba una niña de seis años que fue tratada de quemaduras producidas por los cócteles molotov de los terroristas. Quizá Camacho debería preguntar a esa pobre niña cual es su opinión de los jóvenes que quemaron su cuerpecito, o, mejor aún, podría Camacho preguntárselo a los padres de la niña y debatir con ellos su peculiar concepto de la diversión.
El hecho innegable es que con personajes como Camacho gobernando el país episodios como este van a ser, a lo largo de la legislatura, más habituales de lo que gustaría a la gente de bien. Antes de ocupar su despacho actual Antonio Camacho fue portavoz y presidente de la Unión Progresista de Fiscales desde donde se opuso, hace poco más de un año, al endurecimiento de penas por delitos de terrorismo junto al hoy ministro José Antonio Alonso. Éste último, tras votar contra el informe previo, abandonó la sala para manifestarse contra la intervención aliada en Irak. El endurecimiento de penas no consistía, como se ha quiso hacer ver entonces, en enviar a los terroristas a remar en una galera, sino en que cumpliesen íntegramente las penas impuestas por los tribunales. Algo ampliamente demandado por toda la sociedad española. De aquellos polvos vienen estos lodos. De aquella demagogia vienen las declaraciones de ayer.