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Jorge Vilches

La nación de ciudadanos

Los pactos, acuerdos y compromisos se toman en la cámara de representación de la nación, no en el despacho de un presidente autonómico, y luego son sometidos al veredicto de la nación soberana.

Los socialistas vascos suspiran por el "modelo catalán". Maragall ha forjado un PSC más nacionalista y de una mayor capacidad negociadora con "Madrid" que CiU. Ha logrado sustituir a la coalición de Artur Mas en el maridaje con ERC. Y ha asumido sin complejos la portavocía del nacionalismo catalán sin pensar que la solución del encaje de su territorio en España debe contar de forma ineluctable con el partido nacionalista local. Los socialistas vascos lo envidian.
 
El Pacto de Estella de 1998 puso en evidencia la comunidad de objetivos de los peneuvistas con el terrorismo nacionalista, y los socialistas de Redondo Terreros creyeron en la posibilidad de que hubiera una alternativa en el País Vasco. Apartaron la idea de que lo euskaldún es propio del PNV; aquel complejo creado en 1978, cuando les reprocharon que Rubial, un no-nacionalista, fuera elegido presidente del Consejo General Vasco. El PSE de Redondo y el PP de Mayor Oreja unieron esfuerzos. El resultado fue, en cambio, una nueva, aunque muy exigua victoria del PNV, con el auxilio de EA y Ezker Batua. Ibarretxe puso a continuación en marcha su plan soberanista, sin contar con los socialistas ni con los populares. No sólo tenía la legitimidad de las urnas, sino que se creía, como nacionalista, imbuido de la única legitimidad posible: la de ser el auténtico y único defensor del sentimiento vasco.
 
Fuera Redondo de la dirección del PSE, López y los suyos iniciaron el retorno al regazo peneuvista. Para ello debían separarse lo más posible del PP, y adoptar un discurso más nacionalista. La nueva vía de Zapatero se lo ofreció. ¿Cómo? Con el discurso de la Constitución obsoleta y la necesidad de recomponer los Estatutos de Autonomía en pro de la España plural. Lo cierto es que esta nueva postura les ha reportado un aumento de votos –aunque no considerar otros factores es simplificar demasiado-, y ha hecho crecer, según el Euskobarómetro, sus expectativas electorales. Patxi López, Jáuregui y Eguiguren ahora buscan la reconciliación con el PNV proponiendo el "modelo catalán" para el País Vasco. Y esperan que el Lehendakari Ibarretxe dé unas señales de vida algo más moderadas, y se acoja al nuevo talante del PSE que, como Maragall, conseguirá grandes cosas del Gobierno de Zapatero.
 
El problema está en la posición que pueda adoptar el Ejecutivo socialista. Si se atiene al manual de Philip Pettit, el de la libertad como "no-dominación", el asunto se afrontará como la necesidad de que el Estado sea aceptable para los "miembros de la cultura minoritaria". Porque el "republicanismo", o "ciudadanismo" como lo ha bautizado Zapatero, es un ideal abierto que gana en "sustancia y pertinencia a medida que va siendo interpretado según las perspectivas progresivamente cambiantes e iluminadoras de una sociedad viva", pues "no hay nada sagrado, desde el punto de vista republicano, en el estado mismo o en la soberanía estatal" –páginas 195 y 201 del manual, para quien quiera consultarlo-. Esto es, que acepta todo lo necesario para mantenerse en el poder, sobre la inexistencia de criterios fijos, salvo el de la cesión al interlocutor.
 
La Constitución es reformable, así está previsto en el mismo texto, y es la demostración, esto sí, de que una sociedad está viva. Pero no se ha de confundir en el proceso reformista ni al aliado ni el escenario. La Carta Magna es el fruto de la soberanía nacional, no de los gobiernos autonómicos o de una parte de la población de una Autonomía. La democracia liberal está fundada, como indica Giovanni Sartori, en el sistema de creencias y valores de los ciudadanos, plasmado en un conjunto de normas. Y sobre esta soberanía, la nacional, la de los ciudadanos, se levanta la libertad. Los pactos, acuerdos y compromisos se toman en la cámara de representación de la nación, no en el despacho de un presidente autonómico, y luego son sometidos al veredicto de la nación soberana. Esta es la verdadera construcción de una ciudadanía que tal nombre merezca, y de una democracia que se precie de se

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