La inmigración es probablemente el desafío social y político más importante que tiene planteado nuestra sociedad. Los millones de personas llegados en pocos años a nuestro país suponen la transformación más relevante de nuestra sociedad en las últimas décadas. Además de las trascendentes consecuencias demográficas, culturales y económicas que plantea este fenómeno masivo, hay dos aspectos en los que el impacto está siendo más preocupante: la inseguridad ciudadana y la saturación de determinados servicios públicos como la sanidad, la educación o la asistencia social.
La inmigración en España es además mayoritariamente ilegal lo que constituye la peor forma de integrarse en nuestra sociedad. Junto al drama cotidiano de las pateras cargadas de subsaharianos y magrebíes, la mayor parte de los inmigrantes penetran en nuestro país por el aeropuerto de Barajas, procedentes de países iberoamericanos, o por el Pirineo, procedente de países de Europa del Este.
El nudo gordiano de la inmigración es que todos esos flujos ilegales terminan generando bolsas de inmigrantes sin más alternativa que la explotación o la delincuencia. Pero cada intento de vaciar esa bolsa de ilegales, y ha habido varios ya fuera por vía de regularizaciones extraordinarias o a través de regularizaciones por goteo, sólo ha provocado que el caudal aumente. Esto convierte a la política de inmigración española en una política ficticia, porque la diferencia entre los cupos fijados legalmente y los flujos de inmigrantes reales no tienen nada que ver.
El error de fondo del gobierno socialista es pretender ahora vaciar de nuevo la bolsa sin haber cortado previamente las fugas que existen en nuestras fronteras marítimas, aéreas y terrestres. El efecto no será otro que el caudal aumente y que la bolsa de ilegales vuelva a llenarse más rápidamente y con mayor cantidad. Por otro lado, esta nueva regularización puede tener un efecto muy negativo en determinados servicios sociales ya muy deteriorados en ciudades donde el volumen de inmigrantes es mayor.
Este anuncio de regularización masiva ha coincidido además con un mensaje del ministro Bono ordenando a la Armada que se desentienda del problema. Esa orden es como un anuncio a las mafias internacionales que trafican con seres humanos que si dirigen sus barcos a España nada les detendrá hasta llegar a puerto. La Armada será hoy más feliz pensando que no tiene que lidiar con este tema, pero España puede convertirse en un objetivo preferente para este tipo de mafias.