Al parecer, la alcaldesa de Jerez y un miembro del Gobierno autonómico de Madrid, son ahora la vanguardia ideológica del Partido Popular y, como tales, los autores de la ponencia social que debatirán los populares en su próximo congreso. En el apartado dedicado a las mujeres se proponen diez "medidas reales, frente a las medidas Vogue del PSOE". La estrella de todas ellas es regular como delito la discriminación laboral por razón de sexo para evitar sobre todo que la mujer reciba menos salario por el mismo trabajo. "En el Partido Popular entendemos que la discriminación a la mujer en el trabajo debe ser considerada como una infracción laboral grave y, en determinados casos, tipificarlo como un delito singular", se dice en la ponencia.
Sobre esto de la discriminación de las mujeres en el trabajo existen múltiples falacias, la primera que cobren un salario inferior al de los hombres realizando el mismo trabajo, nada menos que el 30 por ciento menos, según las estadísticas que suelen citar los sindicatos. Hay que reconocer que las organizaciones sindicales son especialistas en discriminaciones porque las promocionan con frecuencia en función de sus intereses corporativos, como hacen a favor de funcionarios, agricultores u otros colectivos, pero resulta difícil de admitir la existencia de una diferencia retributiva por razón de sexo cuando son los propios sindicatos los que negocian y acuerdan en los convenios las políticas salariales y, que se sepa, no han denunciado nunca un caso de discriminación en alguna empresa concreta.
Parece que el algunos partidos políticos, incluida una parte del PP, se traga ahora el mismo cuento y, lo que es peor, pretende solucionarlo amenazando a los empresarios con el Código Penal. Es decir, nos quiere hacer creer, como dicen los sindicatos, que las empresas contratan a mujeres tan productivas o más que los hombres por menos dinero, lo que empujaría a éstas a buscar otro empleo. Habría entonces en el mercado laboral una mayor oferta de trabajadoras productivas dispuestas a emplearse por menos salario, lo que inmediatamente se traduciría en un incremento de contratos de mujeres con el consiguiente incremento salarial. Es decir, si hubiera un colectivo importante de empresas que practican la discriminación salarial por razón de sexo, habría entonces otro grupo de empleadores dispuestos a aprovecharse de la situación.