La televisión pública como instrumento legitimado por las urnas al servicio del Partido Socialista, al decir de su directora Carmen Caffarell, se ha desmelenado de tal manera que en su antiamericanismo está a punto de hacer apología del terrorismo. Y si no, vean ustedes.
Tras el atentado en las inmediaciones de la embajada de Australia en Yakarta que ha costado la vida a nueve personas, ese genio de la comunicación, paradigma del periodismo independiente destacada en la zona, Rosa María Calaf, ha realizado una crónica de antología del periodismo. Afirmó que los atentados se producen en un contexto en que faltan once días para que los indonesios acudan a las urnas y lo que es más importante, a sólo un mes para las elecciones en Australia, país en el que tras conocer el atentado su primer ministro, "desafiante" ha dicho "no nos van a intimidar". ¡Desafiante, sí!. Acto seguido, Elena Resano, la bella locutora que sustituyó a Letizia Ortiz, ha explicado a la audiencia que claro, es que Australia apoya a la coalición liderada por los Estados Unidos y que ya ha sufrido otros ataques como los producidos en Bali.
Todo ello bien precedido con todo un argumentario cantando las alabanzas de la política del presidente del Gobierno del todavía Reino de España y sus efectos beneficiosos a la comunidad internacional instándola a retirarse del escenario iraquí. Feliz con sus enormes coincidencias con el primer ministro Túnez, Mohamed Ghanouchi, desde la capital tunecina en lo que constituye su primer viaje al exterior tras sus largas y felices vacaciones, Rodríguez Zapatero ha expuesto la necesidad de "la restitución de la soberanía del pueblo iraquí".
Pues bien. Que mienta siendo jefe de la oposición en aras de atacar al anterior jefe del Ejecutivo con toda suerte de manipulaciones sobre la intervención de España en la guerra, vale, ya lo sabíamos. Ahora que lo haga siendo presidente de todos los españoles, es verdaderamente impresentable. ZP debe saber, y si no Moratinos debería dedicarle una tarde junto con algún experto, que hay una resolución de Naciones Unidas, la 1546, que su propio Gobierno ha votado para instaurar esa legalidad internacional que dice reclamar ahora.