La convocatoria de la Asamblea General de Naciones Unidas ha reabierto el viejo debate sobre la necesidad de reformar su órgano por excelencia, el Consejo de Seguridad. Desde la caída del Muro de Berlín el tema es recurrente. El mapa de poder que representan los cinco miembros de pleno derecho tiene que ver mucho más con la realidad de 1945 que con la de 2004. Hay ausencias clamorosas, como la de India, y presencias muy discutibles, hasta el punto de que el activo más importante de algunas potencias medias es su capacidad de veto en el Consejo. Si en el origen el veto reconocía un poder de facto, en la actualidad el poder deriva de un privilegio anacrónico. Por otra parte, lo sucedido durante la crisis de Kosovo y de Irak ha puesto en evidencia la incapacidad del Consejo para afrontar una crisis. Las amenazas de veto impidieron su tramitación y, consiguientemente, su resolución fuera de los muros de Naciones Unidas.
Todos somos conscientes de que el derecho de veto es el principal logro de Naciones Unidas, porque es el mecanismo por el que los grandes aceptan estar allí presentes, a diferencia de lo que ocurrió con la Sociedad de Naciones. Pero no todos aceptamos la conclusión obvia, que es sólo un directorio para gestionar la relación entre las grandes potencias –lo que no es poco– y no un gobierno mundial legitimado para imponer su voluntad.
Se han apuntado algunas posibles reformas, pero ninguna de ellas afecta al problema fundamental. Se quiere hacer al Consejo más representativo, pero no se puede alterar en lo sustancial el mecanismo de veto y, por lo tanto, en el futuro nos encontraremos con situaciones semejantes a las vividas recientemente: el Consejo debate un asunto, no hay acuerdo entre los grandes y el tramite se bloquea, obligando a la comunidad de naciones a actuar fuera de Naciones Unidas. Dos temas en la agenda inmediata apuntan este destino. Los europeos no están dispuestos a embarcarse en una política de sanciones contra Irán por su programa nuclear y, junto a Rusia y China, probablemente bloqueen cualquier política de sanciones. Sobre Sudán, China ya ha advertido que no tolerará una nueva intromisión en asuntos internos de un estado soberano, lo que no es otra cosa que comunicar al mundo que Pekín tiene derecho a realizar cuantas masacres considere oportuno para garantizar la estabilidad de su régimen. Por muchas reformas que se aprueben, la gestión de estas dos crisis está supeditada a los intereses naciones de cinco potencias con capacidad de veto y este hecho, no fabulaciones multilateralistas, será el factor determinante.
Más urgente que realizar reformas cosméticas del Consejo es enseñar a la ciudadanía qué es de verdad Naciones Unidas, su utilidad y sus límites. Poner fin a ensoñaciones sobre el papel de la ONU es un paso esencial para avanzar en el diseño de una sociedad internacional más estable y segura. Declaraciones folclóricas sobre las bondades del multilateralismo, a sabiendas de que llegado el momento se hará lo que convenga –como el PSOE sabe por propia experiencia–, es un acto de hipocresía y un engaño a la población que pagaremos todos cuando haya que tomar decisiones difíciles fuera del ámbito del Consejo. 
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos