La comparecencia de Aznar en la Comisión de Investigación del 11-M abre la veda para la caza de ex presidentes del Gobierno. Será difícil en el futuro que por un motivo u otro todos los futuros ex presidentes, empezando por el actual, José Luis Rodríguez Zapatero, no terminen declarando ante una comisión parlamentaria para responder de su gestión política una vez desalojados del poder.
Este hecho altera algunas de las normas no escritas de la democracia, pero que resultan cruciales para el buen funcionamiento del sistema. La primera es que las responsabilidades políticas de un presidente las depuran los electores en las urnas y no los vencedores una vez controlan los instrumentos del poder. La segunda es que los ex presidentes, por el mero hecho de serlo, merecen un respeto y una consideración política. La tercera es que la venganza y el aniquilamiento del adversario político sólo producen a largo plazo crispación y enfrentamiento social.
Para Aznar, comparecer en la Comisión puede ser una oportunidad para defenderse de algunos de los ataques injustos y calumniosos al que le han sometido los partidos de la coalición gubernamental desde que salió del Palacio de La Moncloa. Para el PP es la mejor manera de poder demostrar que su comportamiento tras el 11-M fue democráticamente impecable, a diferencia de otros. Sin embargo, para la democracia española la comparecencia de Aznar puede constituir un peligroso antecedente.