El Secretario de Estado para Política Exterior, Bernardino León, acabó cumpliendo su prometida amenaza: comparecer en el Parlamento para explicar el contrato contraído entre el Gobierno español (etapa Aznar) y el lobby americano Piper Rudney. A León le ha pasado lo que a González con la OTAN, que "de entrada no" acabó en "de salida no". La supuesta "utilización ilegítima" por parte del anterior Gobierno de unos "escabrosos" instrumentos de la política americana –incluida la denuncia por malversación de fondos por boca del coaligado Llamazares– se ha quedado, según las explicaciones de ayer, en "una mala gestión" de un procedimiento absolutamente normal en Norteamérica. Léase, que Zapatero, a pesar de lo sapos que ordenó soltar desde su secretaría de comunicación en La Moncloa ha acabado claudicando ante cuanto le decían sus más fieles colaboradores.
Se lo dijo bien rápido el ministro de asuntos exteriores, Moratinos, quien ya en su primera visita a Washington mantuvo una larga reunión con los representantes de Piper y de la que salió encantado con el potencial de ese bufete. Se lo escribió Carlos Westendorp al poco de presentar credenciales en la capital americana, quien también veía una buena herramienta en el lobby. Se lo remachó últimamente Javier Solana, claro que éste no es un buen amigo de Zapatero y su consejo podría haber sido contraproducente.
Ahora bien, antes que aceptar que la política de Aznar fue la correcta, el actual gobierno, por boca de Bernardino León, quiere justificar el giro radical de su actitud y afirma que no rompe con Piper porque el coste de hacerlo sale carísimo, dada la mala contratación original. El gobierno diciendo eso miente una vez más. El contrato tiene una cláusula de rescisión de 300.000 dólares mientras que la factura pendiente de pagar por los servicios que se presten desde ahora hasta la finalización del contrato en diciembre del 2005 se eleva a 1 millón 400 mil dólares. Habrá que ver en qué actividades se gasta el actual gobierno ese dinero.