El pasado martes, el calvario judicial –siempre incompleto– de los mandarines del felipismo dio su último coletazo. El Tribunal Supremo confirmó la pena de siete años de cárcel impuesta por a Audiencia Provincial de Madrid al ex secretario de Estado para la seguridad Rafael Vera. Junto a él su plana mayor; José María Rodríguez Colorado y Julián Sancristóbal, directores de la Policía y de la seguridad del Estado.
Es el tercer proceso de Rafael Vera desde que, hace ya unos cuantos años, la justicia tomase cartas en el asunto y pusiese a la antigua cúpula de Interior frente a sus responsabilidades, que eran muchas, y que todavía no han terminado de pagar. En el caso Lasa y Zabala Vera fue absuelto, no tuvo tanta suerte, sin embargo, el antaño todopoderoso secretario de Estado, en la causa que se siguió a cuento del secuestro de Segundo Marey. Un tribunal le condenó a diez años de cárcel, pena que, curiosamente, el Gobierno presidido por José María Aznar le alivió considerablemente gracias a un generoso indulto en 1998.
La decisión que ha tomado esta misma semana el Tribunal Supremo era la única posible. Después del trasiego de tribunal en tribunal ha terminado por imponerse la lógica y, por ende, la justicia. Ha quedado probado que Vera se apropió de más de 600 millones de las antiguas pesetas. No todas para él ciertamente. Una buena parte del botín lo repartió entre sus conmilitones del ministerio. El secretario de Estado se quedó unos 141 millones aunque, tal y como ha dejado claro el Alto Tribunal, “es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída”.
A estas alturas las andanzas de Vera y los suyos por la Secretaria de seguridad forman ya, en la práctica, parte de la historia reciente de España. De una época que no se debe olvidar y que no fue, muy a pesar de lo que se ha repetido en los últimos años, una era de progreso, justicia y crecimiento. La sentencia del Tribunal Supremo es el recordatorio de unas prácticas, las de apropiarse del dinero público por las buenas, que fueron tristemente comunes hace no tanto tiempo. Dos ministros de Interior, un secretario de Estado, gobernadores civiles, el director de la Policía y el de la Guardia Civil. Todos se han visto involucrados en el gatuperio. O condenados, o encausados, o, simplemente, citados a declarar en la miríada de juicios que han jalonado las dos últimas legislaturas. Todo un ejemplo de cuán vergonzosa y aberrante llegó a ser la gobernación de España durante más de una década.
Vera, consumido tras estos años de martirio judicial y otros tantos de desgobierno en el negociado que puso Felipe González a su cargo, tiene aun fuerzas para defenderse. O al menos eso se deduce de la carta que ayer publicó el diario El País. El ex secretario de Estado insiste en su inocencia, asegura que no se “ha apropiado de cantidad alguna de los fondos reservados”, a excepción de la que asignaba a asuntos relacionados con su propia seguridad. Quizá el atribulado Vera considera que las fincas que poseía en Madrid y Albacete eran parte inseparable de su peculiar visión de la seguridad personal. Sin embargo, y contradiciéndose unas líneas más adelante, lanza un aviso, pide a los que manejaron en aquellos años dinero de los fondos “que den la cara”. Si lo utilizaron como él, para su propia seguridad, ¿para qué van a dar la cara?
El desvarío de Rafael Vera, que hizo todo el daño que pudo al Estado durante el tiempo que le tocó servirlo, alcanza niveles casi estratosféricos. Con el sujeto elíptico del GAL acusa de hipocresía por el trato que él y sus compañeros de delito han recibido desde entonces. Sí, eso era guerra sucia, pero lo es mucho más la que los Estados Unidos auxiliados por Aznar han hecho en Irak. Aquello era malo, pero peor es apoyar la matanza de miles de víctimas inocentes o sentir el desgarro de ver como se desentierra “de entre los escombros, a niños muertos o amputados, mujeres y ancianos”. Demencial.