La democracia populista vive hablando de "las decisiones del pueblo", pero las verdaderas decisiones son tomadas por unos pocos amigos del poder que, coactivamente, se enriquecen a costa del resto, sin que les importe ni la moral ni el estado de derecho.
Durante décadas, los argentinos fuimos forzados a aportar una parte de nuestro sueldo a un organismo estatal que, supuestamente, ahorraría esos fondos para la futura jubilación. La realidad era que los políticos utilizaban esos fondos para gastos corrientes y los jubilados recibían menos de un tercio de lo que hubieran cobrado si hubieran ahorrado su dinero en un banco.
Ante la quiebra del sistema de pensiones, el gobierno de Carlos Menem decidió "privatizarlo" y creó las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFJP) que formaron un oligopolio privado y con un mercado cautivo, ya que los argentinos siguen obligados a hacer los aportes. A cambio de ese privilegio oligopólico de las AFJP, el Estado las extorsionaba. Las AFJP llegaron a tener 60% de los fondos de jubilaciones "invertidos" en papeles de deuda del Estado: 13.545 millones de dólares que compraron "voluntariamente" y otros 1.600 millones de dólares que les impuso el ministro Domingo Cavallo, papeles de deuda que nadie quería comprar, ya que se veía venir la cesación de pagos, que poco después ocurrió.
Pero la connivencia sigue. El gobierno acordó con las AFJP la salida de la suspensión de pagos, sin tomar en cuenta la opinión de las 9 millones de personas que durante diez años aportaron forzadamente. Firmaron el acuerdo: Francisco Zamarriego del Grupo Santander, Jorge Bermúdez del CitiGroup, Juan Bruchou del Citibank, Agustín Vidal y Jorge Bledel del BBVA, Youssef Nasr de HSBC Group y Andrés Hammar de Máxima.
Según este nuevo acuerdo, la deuda será "pesificada", es decir, se cambiarán los títulos del Estado en dólares por otros en pesos, a muy largo plazo, con una relación de cambio menor a la real y actualizada por la inflación. Al tipo de cambio actual, la perdida en dólares es de alrededor de 27%. Además, el derecho de cambiar de una AFJP a otra queda suspendido por 90 días.
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, dijo que "si a la Argentina le va bien, los futuros jubilados no tendrán pérdidas significativas". En otras palabras, los bancos dueños de las AFJP reconocen que en moneda fuerte habrá una perdida que, en realidad, es simplemente un robo. Para los banqueros, es positiva la limitación en los traspasos de afiliados, que "en el futuro debería extenderse" porque las AFJP deberían "reducir los costos de comercialización". Así los "bancos" argentinos no son empresas que, como tales, quieran competir sanamente en beneficio del consumidor, sino simples recaudadoras de fortunas para sus dueños, en connivencia con los políticos y sus inconfesables intereses de dominar al país.
Algunos depositarios encabezados por Nito Artaza demandarán para que se declare inconstitucional el acuerdo. Eso no irá más allá de ser una buena intención, ya que el gobierno acordó enviar un proyecto de ley al Congreso, el cual es fácilmente manipulado por el presidente Kirchner, para proteger a las AFJP de juicios.
Según Walter Molano de BCP Securities, Nueva York, el acuerdo "es una clara demostración" de que los acreedores no serán tratados por igual, ya que el gobierno ofrece a los tenedores externos 25 centavos por dólar, "mientras que la estimación del canje con los fondos previsionales es de 70 centavos".
Al llegar a un acuerdo, el gobierno consiguió la aceptación al canje de cerca del 20% de la deuda (que totaliza unos 82.000 millones de dólares, sin contar los intereses vencidos, que son los bonos en manos de las AFJP y ahora tiene que convencer al restante 80%, tenedores de bonos por 66.000 millones de dólares.
Por su parte, el Movimiento Internacional de Defensa de los Derechos Italianos en el Exterior reiteró que no aceptará el canje propuesto por el gobierno argentino y que "el resto del dinero" por encima del 25% ofrecido por la Argentina "lo tendría que poner... El FMI [que] se tiene que hacer cargo de los problemas que ayudó a crear".
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Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos Aires.