En los ambientes políticos ya se ha hecho común la imagen para prevenir contra la reforma de la Constitución que algunos partidos exigen. Contra éstos los que previenen razonan que la Constitución ha probado su bondad, porque ha proporcionado a España un cuarto de siglo entre los mejores de su historia, y porque, tal cual está, tiene capacidad para responder a las actuales demandas de la sociedad. Por tanto, no es necesaria la reforma. Además la reforma es una maniobra muy complicada y con grandes riesgos. El PSOE, dispuesto a liderar el proceso, contesta que no hay riesgos porque se plantea una reforma muy concreta, limitada a cuatro puntos (sucesión de la monarquía, Senado, Autonomías, adecuación para el encaje en la Constitución de Europa) y hecha por consenso como exige la misma Constitución. Pero, si no se logra el consenso, que es tanto como decir, si el PP no se aviene, ¿hasta dónde podría llegar el deterioro de las relaciones entre los partidos —PSOE y aliados contra PP— que es tanto como decir el deterioro de la vida democrática con las consecuencias de una agravación del enfrentamiento en la ciudadanía? ¿hasta dónde podría llegar el deterioro de las instituciones sometidas a un debate (léase monarquía) en el que, enfrentadas las posiciones, los extremismos va a tomar protagonismo? Por eso hay quienes advierten del peligro con la imagen: ¿qué va a pasar si se abre el melón? ¿Es mucho exigir algunas garantías? ¿Es mucho pedir un previo pacto de Estado?
¿Cuáles serían los términos de ese posible pacto de Estado? En una forma u otra, los términos tendrían que empezar por aquellos puntos que se presuponen en toda reforma constitucional y que pueden ser organizados en torno a dos temas básicos: quién tiene el poder constituyente y cuáles son las ideas claves de una constitución democrática.
Quien lea este párrafo de corrido puede que encoja los hombros pensando: esto ya me lo sé. Pero, por desgracia, hoy estos temas en España no se pueden dar por sabidos. Si afirmamos que el poder constituyente lo tiene el pueblo español porque él tiene la soberanía, ¿cómo es posible que haya partidos que afirmen que ellos promueven unas reformas autonómicas —para las que la Constitución exigen la aprobación del pueblo español, ejercida a través de sus representantes— dando por supuesto que esas reformas pueden entrar en vigor incluso sin contar con la aprobación del poder constituyente? Es evidente que hay aquí un desacuerdo sobre quién tiene el poder constituyente.
Item y más. La soberanía se ejerce a través de los representantes, pero la reforma constitucional permite, y en algunos temas exige, la apelación al pueblo, titular último del poder constituyente, para que se manifieste a través del referéndum. Esta apelación supone un pueblo suficientemente formado e informado y, sobre todo, capaz de votar en libertad. ¿Aceptamos el supuesto de que el pueblo español tiene el grado suficiente de ilustración y libertad política para ejercer su poder constituyente? El debate está servido, porque la opinión pública se encuentra dividida sobre el grado de presión que los medios ejercen de hecho sobre el pueblo español. Una presión que podríamos calificar como civilizada porque se hace a través de las ideas, pero que no podemos ignorar. Pero en muchos sitios y momentos existe otra presión más terrible que se hace a través de los hechos —desde pintadas a la agresión física, pasando por la amenaza— que disminuye o anula la libertad de los ciudadanos. Pensamos espontáneamente en el País Vasco, pero bien reciente tenemos la agresión contra el profesor Caja en la Universidad de Barcelona. En esas condiciones ¿es libre el pueblo soberano o es un pueblo soberano, sí, pero minusválido?
Item y más. El inicio del párrafo anterior afirma la identidad, a través del mecanismo de la representación, de los representantes con el pueblo español. ¿Damos por buena la afirmación o preguntamos al pueblo si se siente satisfactoriamente representado? Un análisis sincero de la realidad nos descubre que en la democracia española el pueblo está políticamente tutelado por los partidos, que el poder político fáctico está en los partidos, que nuestra democracia es más bien una partidocracia, eso sí, de base democrática. Si antes apuntamos a la minusvalía del pueblo, ahora apuntamos a su minoridad. Habría que debatir sobre la representatividad de nuestro sistema, mal que les pese a los partidos.