Hay un hecho crudo: fuera de la actividad judicial, todas las averiguaciones conectadas con la tragedia del 11 M proceden de un diario. Ninguna información parecida han producido las sesiones de la comisión parlamentaria, cuya principal aportación, y no es poco, es haber asentado la convicción de que el gobierno de Aznar no mintió. No es poco, pero tampoco suficiente.
Dado el vacío generado en torno a las últimas revelaciones de El Mundo, el trabajo e impulso de Pedro J. Ramírez, Fernando Múgica y Casimiro García Abadillo empieza a parecerse a un último resquicio de esperanza. La reacción del poder ejecutivo tras conocerse el contenido de la cinta de Lavandero se resume en la orden de ese Delegado del Gobierno que se puso rápidamente a trabajar... para encontrar al que había filtrado la información. Actitud que debe completarse con el lapso, de más de dos semanas, entre el momento en que un guardia entrega la cinta a sus superiores y el día en que se decide enviarla a la Audiencia Nacional.
Súmese lo anterior al obstruccionismo socialista en la comisión parlamentaria y a la inquietante relación entre la tragedia y el legítimo cambio de color del gobierno de España. Todo lo derivado de la investigación política y periodística de la masacre y sus circunstancias sería mucho más manejable si no existiera una mancha, un pecado original: la manipulación indecente e ilegal que grupos organizados llevaron a cabo con las emociones de una ciudadanía en estado de shock. Una ciudadanía que manifestó su ira, y eso ya es irreversible e inolvidable, contra aquellos a quienes la izquierda –moderada y radical, política y mediática, constitucionalista o no– señalaba con el dedo y con el móvil, y que no eran los terroristas musulmanes o etarras, sino el Partido Popular.
En estas circunstancias, si hay algo que el presidente no puede hacer es precisamente lo que está haciendo: sustituir el "queremos saber" por un sedante colectivo de desinformación, ocultación y acoso a quienes, conociendo hechos relevantes, deciden hablar.
El 11-M es el acontecimiento más grave en la historia de la democracia española, y la intención de los terroristas de incidir en la política nacional se delata por los momentos elegidos para atentar y para reivindicar. La vergüenza de la violación organizada de la jornada de reflexión quedó sofocada por un clamor que exigía transparencia, verdad, luz y taquígrafos. Y lo exigía ya. Pero el nuevo gobierno llegó aferrado a la hipótesis de que Aznar y los suyos habían mentido. Para su desgracia no era verdad, la hipótesis se quedó en consigna, luego en mantra, y hoy sólo se mantiene desde el fanatismo conspiranoico. La gente corriente distingue sin mayor dificultad entre los errores (pocos o muchos) en la gestión de una crisis y la mentira.
Pero ya no quieren saber, una vez desmontada la eficaz propaganda. ¿Por qué? Por la mancha. Van a ver si la lavan con el referéndum de la Constitución Europea.