El PSOE ha entrado en el Gobierno como un elefante en una cacharrería. Viene obsesionado con el PP y su labor más que en resolver los problemas del país, tiene como único norte el deshacer a toda costa las realizaciones de su predecesor en el poder, con independencia de si éstas son buenas o malas, sin pararse a pensar en lo que más conviene. Esta forma de actuar, tan ilógica y tan de espaldas a la realidad, acaba de comenzar a pasar factura.
Las principales casas de Bolsa y bancos de inversión han empezado a dar a sus "traders" –las personas que se encargan de comprar y vender a corto plazo acciones y títulos de deuda en los mercados financieros– para que empiecen a aplicar una prima de riesgo a los valores españoles. Es el primer síntoma de que la economía de nuestro país empieza a perder credibilidad. Y la responsabilidad sólo se puede imputar a la incertidumbre que están generando las actuaciones del Gobierno de Zapatero.
Después de muchos esfuerzos, nuestro país no sólo había conseguido alcanzar la estabilidad macroeconómica, reflejada en una tasa de inflación baja y en la desaparición del déficit público, sino que, además, se había ganado a pulso la confianza de los mercados internacionales. Gracias a ello, los tipos de interés en nuestro país cayeron a mínimos históricos, lo que nos permitió crecer en los últimos años muy por encima de la media de la Unión Europea y reducir la tasa de paro desde el 24% de 1996 hasta las proximidades del 10%, mientras que el número de ocupados ha pasado de los doce a los diecisiete millones de personas. Sin embargo, en los poco más de seis meses que los socialistas llevan en el poder, han conseguido que las dudas sobre la economía española vuelvan, debido a la forma en la que han acabado con la ley de estabilidad presupuestaria, al déficit público que empieza a adivinarse en los presupuestos para el próximo año y a que la estrategia de política económica, pese a lo que diga Solbes, parece más encaminada a deshacer todo lo realizado por el PP que a administrar y mejorar la buena herencia económica que dejaron los ocho años de Gobierno de Aznar.
El Ministerio de Industria también ha contribuido a la generación de este nuevo clima de incertidumbre. Las restricciones introducidas a los horarios comerciales son un paso atrás en un momento en que España necesita avanzar hacia una liberalización más profunda para poder reducir el diferencial de inflación con la Unión Europea. Y la decisión de elaborar un libro blanco sobre el sector eléctrico, innecesario hoy por hoy, no ha hecho más que introducir sin razón incertidumbres y dudas en uno de los sectores más importantes y estratégicos de la economía española.
Los comentarios realizados por diversos miembros del Gobierno acerca de la conveniencia de sustituir a los presidentes de las empresas privatizadas puestos por el PP, con independencia de si su gestión al frente de estas compañías ha sido buena o mala, es otro ladrillo más en el muro de incertidumbres que está edificando el Ejecutivo. Y lo que, en principio, no parecía más que una mera declaración de intenciones, hoy se teme que sea algo más y más serio, cosa que a los mercados internacionales les gusta muy poco.
Los miedos que está introduciendo la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el sector inmobiliario, de momento han provocado un parón en la construcción, hasta ahora el principal motor del crecimiento económico español. Pero, lo que es más grave, sus declaraciones y las de algún que otro miembro del Gobierno o del aparato monclovita pueden acabar por provocar un desplome de los precios de la vivienda que se lleve de por medio a más de una empresa del sector y a muchos patrimonios familiares invertidos en ladrillos sin que, por desgracia, se obtenga por compensación la solución definitiva al problema de la carestía de las casas que no es otra que la liberalización del suelo.
El Ministerio de Fomento tampoco se queda corto en este ámbito. Los planes que está presentando y sacando adelante su titular, Magdalena Álvarez, no sólo constituyen el germen de nuevos y serios problemas con el déficit público a partir de 2005 sino que dejan sin margen de actuación a otros Ministerios, aunque dadas las circunstancias quizá es lo mejor que podría ocurrir. Y, por si no bastara con esto, todas las modificaciones que está realizando en el plan de infraestructuras del PP ha puesto los pelos de punta a las constructoras y, además, parecen dirigidas a favorecer a las autonomías gobernadas por el PSOE y castigar a aquellas otras en la que el Partido Popular detenta el poder.
Por si no tuviéramos bastante con estas inseguridades, ahora viene por el lado del Ministerio de Economía una reforma del IRPF que empieza a poner la carne de gallina. De momento, la gente de Solbes ha manifestado su intención de suprimir las desgravaciones por compra de vivienda y por aportaciones a planes de pensiones. Lo primero puede ser el detonante que haga estallar la burbuja de la vivienda; lo segundo es un duro golpe para el ahorro nacional y para aquellas personas que buscan en los fondos y planes privados de pensiones un complemento a la escueta y siempre imprevisible pensión de la Seguridad Social; ambos introducen importantes inseguridades sobre la política tributaria.