Derechos de propiedad y prosperidad

Más vale tarde que nunca, pero resulta esperanzador que una institución como el Banco Mundial descubra la importancia del derecho de propiedad. Tradicionalmente ocupada con los problemas de la pobreza, parecía haber olvidado aquella lección básica y fundamental de Adam Smith que para poder superarla es necesario comprender cómo se genera la riqueza y en ello cumple un papel destacado la vigencia del derecho de propiedad.

 

Es que por mucho tiempo los economistas de esa institución repetían lo que predominó en los años 50, una idea de que el principal obstáculo para el desarrollo de los países pobres era la falta de capital y que el asunto era transferírselo. No se prestaba atención al hecho básico de que ese capital no iba a esos países precisamente porque no existían garantías de respeto a la propiedad y, perplejos ante dicha escasez, el Banco Mundial trataba de suplir la falta con préstamos propios que terminaban yendo a ineficientes obras públicas y al bolsillo de los gobernantes. Ya en los años 80, el énfasis estaba puesto en las trabas al comercio, las empresas estatales y los malos manejos macroeconómicos, por lo que el BM pasó a cumplir, junto al FMI, un papel de consultor en política económica.

 

Hoy, por fin, está descubriendo la importancia de los marcos institucionales que permiten un adecuado funcionamiento de la economía de mercado, tal como lo propone Philip Keefer en un trabajo reciente (A Review of the Political Economy of Governance: From Property Rights to Voice). Keefer analiza el concepto de "gobernabilidad", esto es, de la calidad de las instituciones que permiten el progreso económico y, como parte fundamental de ellas, aquellas que garantizan la vigencia del derecho de propiedad.

 

Analiza una polémica respecto al costo de sostener estos derechos, que según algunos autores es elevado y por ello los países ricos pueden lograr su respeto mejor que los países pobres. Pero Keefer señala correctamente que la seguridad sobre el derecho de propiedad se relaciona principalmente con la "ausencia" de acciones expropiatorias por parte de los gobiernos. Si bien es cierto que es necesario todo un aparato judicial para su sostenimiento, el cual es costoso, se puede eliminar buena parte de la inseguridad con la mera abstención de violarlo, lo cual no tiene "costo".

 

Citando un trabajo de Dollar y Kraay muestra que la seguridad del derecho de propiedad eleva el ingreso de ricos y pobres por igual, e incluso un trabajo de Knack que señala que esa seguridad eleva más rápido los ingresos de los pobres que de los de los ricos, algo que coincide con las investigaciones realizadas por Hernando de Soto en el Perú y varios otros países.

 

Ahora bien, la gobernabilidad demanda además credibilidad y un manejo burocrático eficiente y honesto. Keefer señala aquí una aparente paradoja para los países pobres. Por supuesto que un mal funcionamiento burocrático reduce los niveles de eficiencia, pero el autor se pregunta: ¿qué pasa, sin embargo, si las políticas y las decisiones de gasto son totalmente deficientes? No necesariamente va a alcanzarse el mejor resultado con una burocracia honesta y eficiente aplicando regulaciones abusivas. Sin llegar a plantear que burocracias corruptas serían mejor en estos casos, lo que hace es enfatizar la importancia de la calidad de las normas en primer lugar, antes de considerar cómo éstas se aplican.

 

Finalmente, comparando distintos modelos políticos encuentra que aquellos países donde más se respeta el derecho de propiedad son las democracias de larga duración, que estarían brindando previsibilidad a largo plazo. Pero también afirma que los gobiernos autocráticos de larga duración son más previsibles que las democracias nuevas. Vaya, no estará pensando en Fidel Castro, seguramente.