Ha hecho muy bien el PP en no comulgar con ruedas de molino ante el descarado intento del Gobierno y sus “socios de oposición” de modificar el orden del día para votar este martes la tramitación directa y en lectura única de la reforma del Poder Judicial que sus partidarios no pudieron aprobar la semana pasada en el Congreso por la ausencia de varios de sus diputados. Como bien ha señalado este martes Zaplana, la modificación del orden del día requiere unanimidad y, ciertamente, sería el colmo del masoquismo que el PP se sumara al consenso para poder celebrar sin respeto a los procedimientos de forma un proyecto de ley contra el que, además, los populares están frontalmente en contra.
Aunque este plante popular no evite que el Gobierno saque adelante su sectaria reforma, es una forma de dejar en evidencia las prisas de los socialistas por bloquear los nombramientos que el CGPJ tiene previsto efectuar en los dos próximos meses, para lo cual se necesita que el nuevo proyecto sea aprobado por las Cortes Generales antes del 31 de diciembre.
Zapatero ya pretendió con total desfachatez tras la inesperada votación de la semana pasada, que en el pleno del próximo jueves se modificara el orden del día para poder repetir la votación sin que el proyecto pasara de nuevo por el Consejo de Ministros. Reprobado en su falta de respeto a los procedimientos hasta por el propio presidente del Congreso, el socialista Manuel Marin, ZP no tuvo más remedio que celebrar un nuevo Consejo de Ministros el pasado lunes para reiniciar la tramitación parlamentaria del proyecto y, de paso, tratar de eclipsar informativamente la intervención de Aznar en la Comisión del 11-M.
El Gobierno se ha negado, eso sí, a remitir de nuevo el proyecto al CGPJ, un paso formal que, precisamente como tal, se requiere por mucho que el texto del proyecto sea idéntico al que no pudo ser aprobado la semana pasada, y que se suma al que se ha tratado de imponer este martes.
En virtud de esta reforma, que viene a remarcar todavía más la falta de independencia del poder judicial que ya consagró, tal y como denunciamos en su día, el Pacto por la Justicia, los nombramientos de los altos cargos judiciales requerirán una mayoría de tres quintos del Pleno del CGPJ cuando, hasta ahora, bastaba con una mayoría simple para elegir a estos magistrados.
Este cambio destinado a hacer insuficiente la mayoría “conservadora” que persiste en el seno del CGPJ supone también, como ha señalado el PP, un “cambio de reglas a mitad del partido”. Pero es si cabe, todavía, algo peor: Es la constatación de que el PSOE, con tal de enfrentarse al PP, va a conseguir que las designaciones judiciales de grupos minoritarios y antisistema se conviertan en decisivos para elegir a los magistrados del Supremo o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Ver como un partido depende para su acción de gobierno de alguna de estas formaciones extremistas y minoritarias, preocupa. Ver que también va a depender de ellas el funcionamiento del sistema judicial, nos preocupa todavía más.