No se sabe bien que es peor; que el Gobierno de ZP se dedique sólo a desacreditar y desmontar los logros de la etapa anterior en temas como la defensa de la Nación como sujeto de soberanía, la lucha contra el terrorismo nacionalista, las alianzas exteriores para proteger los valores occidentales, el equilibrio presupuestario o la bajada de impuestos; o que pretenda además tener ideas originales en las que irremediablemente aflora su esencia ideológica según la cual el Estado omnisciente debe siempre corregir los malos comportamientos de los individuos egoístas. El ministro que por el momento se le sigue llamando de Trabajo, Jesús Caldera, ha ofrecido recientemente dos buenos ejemplos de esto último. Ha pedido, por un lado, a sus colegas europeos que las respectivas legislaciones nacionales puedan prohibir que empresarios y trabajadores pacten libremente contratos con jornadas laborales que excedan las 48 horas semanales, algo que ahora permite la directiva que se pretende reformar. La otra genialidad la conocemos por boca del secretario general de Empleo y consiste en penalizar, obligando a la devolución de las ayudas recibidas, a las empresas que libremente decidan deslocalizar su producción a países con costes laborales más bajos.
El ministro Caldera está tal vez imbuido de las mejores intenciones cuando se le ocurren semejantes propuestas, pero parece que desconoce de qué depende en una economía libre y abierta la jornada laboral y los salarios, o que, peor todavía, aun sabiéndolo, considera que es más justo que el tiempo de trabajo y de alguna manera las rentas del trabajo las determine el Gobierno y no las partes contratantes. Por desgracia son precisamente éstas las dos variables del mercado laboral más sensibles a las intervenciones, las cuales casi siempre se terminan pagando en empleo. Y ello porque tanto la jornada como el salario están regidos, lo quiera o no Caldera, por la productividad marginal del trabajo.
Efectivamente, la actividad productiva que realiza cualquier empresario es el resultado de la conjunción del factor trabajo y del factor capital, y la ley de rendimientos decrecientes no enseña que cuando se aumenta uno de ellos la producción crece muy rápidamente al principio pero luego lo hace cada vez más lentamente hasta que termina estancándose, pudiendo llegar incluso a decrecer. Por ello, con un nivel fijo de inversiones de capital y de desarrollo tecnológico, resulta improductivo aumentar el factor trabajo alargando la jornada laboral a partir de determinado momento, y esto explica también por qué el progreso técnico y mayores recursos de capital establecen una tendencia histórica a acortar las horas de trabajo. Intervenir en este proceso con medidas políticas o por presiones sindicales para reducir artificialmente la jornada termina teniendo un coste en competitividad y consecuentemente en empleo, como bien han aprendido los franceses con su aberrante ley de las 35 horas.
También deberían haber aprendido los socialistas españoles que la deslocalización libre de empresas es en primer lugar imparable en un mundo cada vez más globalizado y que beneficia tanto a los países receptores como a los “exportadores”. Una prueba irrefutable de que los primeros sacan provecho es el espectacular desarrollo de nuestro país en los años sesenta cuando las “imperialistas” multinacionales, del sector automovilístico principalmente, se instalaron aquí en busca de mano de obra barata. Pero cuando una empresa decide trasladar su producción fuera de sus fronteras es porque está pagando a sus empleados más de lo que producen dado que también el salario está regido por la productividad marginal del trabajo. En una economía competitiva existe una presión constante a que los trabajadores se trasladen hacia empresas más productivas porque podrán entonces ganar más o mejorar sus condiciones laborales, y lo mismo sucede si la causa es ajena a su voluntad pero determinada por una mejora de la competitividad general del país debido a la deslocalización de algunas de sus empresas. En ambos casos habrá una sustitución de empleo menos productivo por otro más productivo. Esto es la explicación de que las economías que más empleo generan son también las que más lo destruyen, siendo relevante el resultado neto.