Previsible. Muy poco informado había que estar para no haber visto venir la siguiente jugada del Gobierno Zapatero, cuya entrega al nacionalismo catalán parece no tener límite. La polémica del Archivo General de la Guerra Civil, o papeles de Salamanca -tal y como es conocido en la jerga de los historiadores- lleva lo menos quince años coleando y parece que nunca termina de morir. La querella consiste en la titularidad de una cantidad determinada de legajos históricos, todos de la Guerra Civil, que la Generalidad considera suyos y que, con lógica cartesiana, los responsables del Archivo consideran que forman parte del patrimonio histórico de todos los españoles.
El hecho es que el Archivo de Salamanca es relativamente reciente. Se constituyó como tal en 1977 y se le dio carácter de Archivo General hace muy poco tiempo, en 1999. No alberga como muchos piensan todo lo relativo a la Guerra Civil sino la documentación referente a partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos. Otros legajos de la guerra están repartidos por toda España, de este modo, en el Archivo de Ávila se encuentran los datos de las unidades del ejército republicano, o en el de Guadalajara se custodia la documentación relativa a los campos de trabajo franquistas. La organización de estos archivos cumple criterios funcionales y está pensada para servir a los estudiosos e historiadores. El de Salamanca, por ejemplo, durante el año 2003 atendió a más de mil investigadores llegados de toda España.
El problema es que el verdadero terreno de la disputa no es técnico sino político. Los mandatarios de la Generalidad desde tiempos de Pujol y los republicanos de Esquerra hablan un idioma diferente que el de la mayoría de profesionales de la Historia. Los nacionalistas consideran que el material archivado en Salamanca es fruto de un expolio, el que las tropas de Franco perpetraron en Barcelona al término de la Guerra Civil. Con este argumento vienen galvanizando a la sociedad catalana desde hace varios lustros y juegan a lo que mejor se les da, a ser víctimas irredentas de un imperialismo español que sólo existe en sus sueños más febriles. Según la peculiar interpretación nacionalista, la contienda fratricida que desangró la Nación hace setenta años, no fue tal sino una invasión en toda regla que sojuzgó a los catalanes y tomó esos papeles como botín de guerra. Simplemente delirante
Cabalgando sobre la renovada influencia que les ha dado la victoria de Zapatero, una de las citas a la que no podían faltar era la que tenían pendiente con el archivo salmantino. La comisión de “expertos” nombrada el mes pasado por el ministerio de Cultura es una burla al sentido común. La mayoría son militantes activos a favor de la vuelta de los legajos a Cataluña y el mismo gobierno de Maragall bendijo expresamente la feliz idea de Carmen Calvo. El informe que hicieron público ayer estaba cantado, en cierto modo su postura no ha sorprendido a nadie. Los “sabios” designados por la ministra creen más “justo” que esos documentos vuelvan a Barcelona. Siguiendo este guión de “justicia archivística” casi cada autonomía o partido político podría pedir ahora que le restituyesen el material de la guerra por lo que, irremediablemente, el archivo desaparecería.