El Congreso ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2005, tras ser rechazados por el Senado, pero parece que se han introducido modificaciones ilegales, que intentarían paliar las incoherencias del proyecto que aprobó en primera instancia el Congreso, tras el rechazo a todas las enmiendas introducidas en el Senado. Al margen de este dato, que confirma la deriva antidemocrática de la coalición PSOE-IU-nacionalistas, el secretario de Estado de Hacienda y Gasto Público, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dado a conocer la marcha del presupuesto correspondiente a 2004. Al margen de sus desafortunadas declaraciones, en las que, directamente, ha faltado a la verdad, al declarar que el déficit de 2004 está provocado por la necesidad en que su Gobierno se ha visto de introducir como gasto el acuerdo con la Junta de Andalucía y de computar como gasto una parte sustancial de la deuda de Renfe, —operaciones ambas que podían haberse hecho antes, o no, en función del acuerdo, o no, con la Junta de Andalucía y de una decisión de Gobierno de dónde reflejar la deuda de Renfe—, al margen de esa afirmación falsa, hay datos que también ayudan a comprobar cómo gobernaba el PP y cómo lo está haciendo el PSOE.
1º) Los ingresos presupuestarios son superiores a los programados. El Gobierno del PP, prudentemente, siempre minimizó los posibles ingresos tributarios, para evitar alegrías a los gastadores y para dar un margen al Gobierno que resultara elegido tras las elecciones. Es posible que, en conjunto, se recauden más de 6.000 millones de euros más de los presupuestados, porque tanto los ingresos por sociedades como por IVA están aumentando fortísimamente.
2º) El gasto público estatal, responsabilidad del Gobierno del PSOE en este año 2004, va a ser menor de lo programado, con excepción de esos gastos excepcionales correspondientes a Andalucía y Renfe, que el PSOE ha decidido contabilizar como gasto en este año. Pero, al margen de este ejercicio de contabilidad creativa, el gasto, en particular el de inversión, no crece lo programado. Y no lo hace porque gastar legalmente es difícil; es preciso hacer concursos, tener planes, seguir de cerca la tramitación administrativa. En resumen: ser competente y tener ganas de trabajar. Y son muchos los ministros incompetentes.