Lo decía este domingo en un diario nacional don Manuel Jiménez de Parga, a propósito del “desafío al Estado” perpetrado el pasado jueves en el parlamento autonómico vasco: “Sobre nosotros gravita un legado de indecisiones, con numerosos casos de timoratos y tibios en las instituciones públicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, que aprovechan los más osados para hacerse oír e imponer sus criterios”.
Con la única salvedad de que, entre ese “legado de indecisiones”, incluiríamos también muchos “casos de timoratos y tibios” en buena parte de los medios de comunicación, suscribimos plenamente el diagnóstico de la situación llevado a cabo por el ex presidente del Tribunal Constitucional. Es más. Este diagnóstico sigue siendo vigente, vista la pasividad de Zapatero tras el desafío de los nacionalistas vascos contra la soberanía nacional, a la que se acaba de unir la del Fiscal General del Estado, quien ha decidido este lunes no recurrir el archivo del “caso Atutxa” que exime al presidente de la cámara y a otros cinco parlamentarios autonómicos del delito de desobediencia por no haber disuelto a Batasuna, tal y como ordenó hacerlo en sentencia el Tribunal Supremo.
Si ZP pretende que las elecciones vascas —y no el Estado de Derecho— sean las que pongan en su sitio a los promotores de la rebelión institucional conocida como "Plan Ibarretxe", negándose a recurrirla ya ante el Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, en la misma línea del Gobierno que le nombró Fiscal General del Estado, va a esperar que lleguen las autonómicas para que los representantes de ETA no puedan ya presentarse a las elecciones y, por tanto, dejar de ser grupo parlamentario. Así lo expresa literalmente el comunicado de la Fiscalía General del Estado que, en lugar de recurrir el archivo del caso, reafirma públicamente “su intención de ejercitar, en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, las acciones oportunas al amparo de la Ley de Partidos, para imposibilitar absolutamente que los herederos de la ilegalizada Batasuna, se llamen como se llamen, puedan participar en las elecciones, impidiendo por tanto su presencia en el próximo Parlamento Vasco".
Bien está que la Fiscalía General del Estado nos informe de su intención de velar en el futuro por la legalidad vigente, pero eso no puede ser un subterfugio para no hacerlo ahora. Lo que en definitiva ha hecho Conde Pumpido negándose a recurrir el archivo del caso funestamente dictaminado por la Juez del Tribunal Superior de Justicia Vasco Nekane Bolado, —cuya filiación nacionalista, dicho sea de paso, es de todos conocida—, es dejar sin efectos prácticos las resoluciones legislativas y judiciales en torno a la ilegalización de los representantes de ETA.
A la vista está que, a diferencia de lo sucedido en el parlamento navarro, el grupo proetarra no ha sido disuelto en la cámara vasca. Y el Supremo —aunque Conde Pumpido pretenda ignorarlo en sus razonamientos— dictó su sentencia de disolución para que fuera ejecutada, no sometida a votación, tal y como hizo Atutxa, sabiendo de antemano perfectamente el sentido de las votaciones.
La pasividad del Fiscal General del Estado no puede ser disfrazada por su tardía decisión de presentar una querella contra tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna Otegi, Permach y Joseba Alvarez, por delitos de enaltecimiento del terrorismo y reunión ilegal cometidos en el mitin de Anoeta. Además de que una cosa no quita la otra, puestos a proceder directamente contra los representantes de ETA, también se hecha en falta que el Fiscal General del Estado tome cartas en el asunto contra el claro y más reciente delito de apología del terrorismo que el pasado Jueves perpetró Otegui al leer en la propia cámara vasca un comunicado del jefe de la banda terrorista.
La pasividad e irresponsabilidad del presidente del Gobierno no deben contagiar al resto de las instituciones del Estado. Ni antes, ni después de unas elecciones —como ni antes ni durante ni después de una tregua terrorista— puede el Estado de Derecho declararse en tregua.