José Álvarez Junco, catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y actual director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales fue uno de los "expertos" que aconsejó al Gobierno "devolver" parte de los fondos documentales del Archivo de Salamanca a la Generalidad de Cataluña. Recientemente, el día 31 de diciembre, publicó en el diario El País un artículo titulado "Expertos y papeles", en el que se quejaba de «la inmensa distorsión con que puede presentarse ante la opinión pública un problema colectivo», lo que él achaca a «la ignorancia y superficialidad informativa, pero me temo que abundan también los ingredientes de irresponsabilidad y mala voluntad».
Lo que sigue a esa introducción es de todo punto increíble. Considera Álvarez Junco que «la justicia estaba de parte de los reclamantes (...)», pues «la incautación fue violenta y brutal, no respetó ni la menor norma de las que deben acompañar toda expropiación». Además «esos documentos no fueron nunca dados por sus dueños originales al archivo de Salamanca. Les fueron arrebatados a punta de pistola y trasladados allí en un ambiente de terror y enfrentamiento». Este señor no ha oído nombrar eso que llaman Guerra Civil española ¿No sabe cómo acabó? ¿Cómo va a "expropiar" el Estado español a una institución que ya no existía? ¿Sabe Álvarez Junco lo que significa "expropiar"?
Pero la cosa no queda ahí. El experto en cuestión deja caer que la Guerra Civil fue, en cierto sentido, producto de una pugna entre Castilla y Cataluña, de manera que «la Castilla ayer dominadora anda hoy, si no miserable ni envuelta en sus andrajos, sí relativamente deprimida y con un palpable sentimiento de humillación ante la "prepotente" Cataluña. La discusión sobre quién sea aquí de verdad el dominador y quién el explotado llevaría años y serviría de muy poco. Lo que importa es que así es como lo percibe la mayoría de la opinión castellana». Por tanto, una Castilla dominadora y explotadora se presenta como víctima gracias a una «manipulación».
Hay más. El autor defiende la naturaleza aséptica de la comisión, esencialmente «no política, formada por puros "expertos"», como el «experto en expolios culturales» Federico Mayor Zaragoza, pero donde había también «catalanes presentes», no sabemos si más catalanes que expertos o más expertos que catalanes, ni expertos en qué.
Estos papeles que "devuelven" los expertos deberían ser los últimos, pues «algunos hubiéramos preferido un blindaje más claro del resto del archivo ante futuras reclamaciones», es decir, a Cataluña sí, pero a otros no, aunque no haya «manera de justificarlo jurídicamente». Cuando menos curioso.
Y para acabar, una perla: «En España sigue pendiente de solución el problema de la distribución territorial del poder, cuestión nada fácil pero que, por suerte, afecta casi en exclusiva a las élites políticas», si dejamos a un lado a algún que otro muerto, miles y miles de desplazados o sometidos a extorsiones, amenazas y chantajes y despojados de sus derechos civiles, digo yo.