El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido con carácter de urgencia, ha decidido no suscribir con el Gobierno y los sindicatos el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional, en el que se incluye una cláusula de revisión salarial de acuerdo con la inflación de la que no fue informada la organización empresarial. La patronal ha adoptado esta postura después de que el propio vicepresidente, Pedro Solbes, reconociese que la inclusión de esta cláusula se realizó en contra de su opinión y ha pedido una entrevista con Zapatero.
La fractura en el llamado “diálogo social” pone de manifiesto tres hechos relevantes. El primero, la apuesta del gobierno de ZP por gestos tan demagógicos como nocivos para el crecimiento económico y del empleo como puede ser la elevación del salario mínimo por encima de la productividad. En segundo lugar, la más que descoordinación, el enfrentamiento que vuelve a quedar de manifiesto entre el vicepresidente y ministro de Economía y el resto de los integrantes del Ejecutivo. Y, en tercer lugar, el incumplimiento y la deshonestidad con ese “diálogo” y ese “talante”, del que tanto hace gala el Gobierno, al afirmar —faltando a la verdad— de que esa cláusula formaba parte del acuerdo alcanzado.
Para los que creemos que los derechos de los trabajadores deben ser ejercidos por ellos mismos, y no tutelados coactivamente por los sindicatos o el Estado, el salario mínimo es siempre una ilegitima intromisión que vulnera la libertad contractual de trabajadores y empresarios. Es el trabajador, individualmente considerado, quien debería decir cual es el mínimo salario a partir del cual estaría dispuesto a ofrecer su trabajo, y no ningún mandato estatal o negociación colectiva llevada a cabo en su nombre. Así mismo, es el empresario —también individualmente considerado— el más indicado para saber si la utilidad que le va a proporcionar el trabajador le compensa pagar lo que este pide a cambio de sus servicios laborales. Si el salario mínimo, como en la inmensa mayoría de los casos, está por debajo de lo que libremente acordarían ambas partes, sus nocivos efectos quedan anulados. Pero, si como ocurre en los casos de la oferta laboral menos productiva y cualificada, el salario mínimo se impone por encima de la utilidad que el empresario adjudica al trabajo de quien quiere ser contratado, el resultado no será que el trabajo poco cualificado o productivo pase a ser mejor retribuido, sino que ese trabajador quede desempleado o condenado a la economía sumergida.
Nada tenemos que objetar —todo lo contrario— a que un trabajador rechace una oferta por considerar que se le ofrece poco por su trabajo; pero, desde luego sí porque esto lo considere, contra la opinión del afectado, los sindicatos o el gobierno.
El salario mínimo ligado, no a la productividad, sino a la inflación, multiplica las posibilidades de produzca esos efectos que, por indeseados, no dejan de ser nocivos para la economía y el empleo, como el ministro Solbes sabe perfectamente.
No sería esta, sin embargo, la primera vez que el sentido de la responsabilidad del ministro de Economía cediera al populismo y a la demagogia de muchos compañeros que integran el Gobierno, empezando por el que lo preside.
En cualquier caso, Zapatero no se ha caracterizado precisamente por su conocimiento de la economía, ni de los costes sociales que genera esa ignorancia...