Ya sé que no es el momento de preocuparse por que unos pocos trabajadores ganen algo más de dinero cuando el presidente del Gobierno que toma tal decisión recibe oficialmente a un presunto delincuente y propicia que el principal órgano donde reside la soberanía nacional discuta una propuesta para acabar con este principio básico del Estado de Derecho. Tiene interés, no obstante, analizar las consecuencias de tendría incrementar automática el salario mínimo interprofesional (SMI) respecto a la inflación, no la prevista, sino la realmente habida el año anterior, porque terminan siendo, como tantas otras veces, contrarias a las inicialmente previstas. Además, las circunstancias que han rodeado esta decisión evidencian el caos y las contradicciones que padece el equipo económico de ZP que ha roto, y esto sí que es importante, con una forma de abordar el dialogo social que se inauguró en 2002 y que ha tenido magníficos resultados para la creación de empleo.
En efecto, desde ese año las organizaciones empresariales y sindicales han suscrito el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) que establece como referencia clave los costes laborales unitarios para negociar los incrementos salariales en las empresas y conseguir así que éstas no pierdan competitividad. Se abandonó por tanto la inflación como referencia clave en la negociación salarial y pasan a ser los costes del factor trabajo por unidad producida, es decir, la productividad, lo que marcará las subidas salariales. Además, el AINC reconoce que el incremento de los salarios no debería agotar la ganancia en productividad porque, de ser así, no tendrían margen las empresas para la inversión.
Con respecto al SMI, y dada la demagógica promesa electoral del PSOE de elevarlo hasta 600 euros mensuales al final de la legislatura, nada menos que un 30 %, el Gobierno aprobó el pasado 30 de diciembre un documento en el anuncia la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para fijar una actualización automática y permanente del salario mínimo en función de la inflación habida en los doce meses anteriores. Esta decisión pone de manifiesto una vez más la falta de criterio del Gobierno y prueba de ello es que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el comisario europeo Joaquín Almunia rechazan tajantemente la reforma junto a la CEOE, mientras que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, primero ceda a la presión política sindical y posteriormente añade más confusión al dejar abierta la posibilidad de buscar otra fórmula alternativa.
Pero al margen de todas estas azarosas circunstancias que han puesto en peligro el dialogo social, el control y la indexación del salario mínimo supone cometer un cúmulo de errores que termina produciendo desempleo, inflación y economía sumergida. Un salario es un precio y un salario mínimo es un precio mínimo aplicado al factor trabajo que, si es artificialmente fijado por encima de su productividad marginal, producirá un exceso de oferta de trabajo. El resultado es que los trabajadores que recibían el salario mínimo serán expulsados del mercado laboral o pasaran a la economía sumergida. Y si las empresas no pueden prescindir de sus trabajadores menos cualificados, el incremento de costes se trasladará a los precios. Los sindicatos argumentan que el SMI lo reciben pocos trabajadores, algo más de 150.000 según ellos, luego los posibles efectos negativos son irrelevantes. Está, sin embargo, empíricamente demostrado que, si bien los primeros sectores que incrementan precios son las que más intensivamente utilizan el factor trabajo, como la agricultura y la construcción, al final todo el aparato productivo se contamina y la inflación acaba trasladándose. Y si el salario mínimo es, como pretenden Gobierno y sindicatos, incrementado automáticamente, el mercado de trabajadores se verá negativamente afectado por las expectativas de futuras contrataciones.