En un país cuyo problema principal es el de la legitimación de sus instituciones representativas, sometidas al fuego cruzado del separatismo y de la inhibición nacional, no parece preocupar demasiado la legitimidad de un proceso electoral y de un resultado no por consultivo menos revelador del apoyo popular a las decisiones del Gobierno y el Parlamento. Aún no se han contado los votos de este malhadado plebiscito y al “sí” que apoyaban cuatro fuerzas políticas (PSOE, PP, CiU y PNV) que suman nada menos que el 85% del voto popular no parece exigírsele un porcentaje razonable de votos para resultar no sólo legal sino legítimo. Convocado por el Gobierno como un plebiscito laudatorio para su política, tampoco parece importarle demasiado el número de ciudadanos que han dado la espalda a las urnas. ¿Llega al 40%? Éxito inenarrable. ¿No llega? ¡Mientras llegue al 30%! Basta un tercio de los votantes para que los votados se sientan satisfechos con su capacidad de convocatoria. Pero es que da la casualidad de que en esta consulta se trataba de algo más que ganar por un solo voto de diferencia. ¿O no? Pues no. Parece que no. Obviamente, no. Evidentemente, no. Obscenamente, no.
Lo más grave de este plebiscito zapateril, con serlo mucho, no es la baja participación, que los medios gubernamentales achacarán a la derecha malévola o a la lejanía europea. Lo terrible es que en él no se han guardado las más mínimas reglas democráticas de equidad participativa, de acceso de los ciudadanos a una información suficiente sobre lo que se vota y las opciones que ante ello se planteaban. Es más: se ha hecho la apología del analfabetismo, se ha elogiado el votar sin leer como una virtud cívica, lo cual sonrojaría a cualquiera con capacidad de sonrojo, algo que hace tiempo perdieron los políticos españoles. El Gobierno ha delinquido de principio a fin de la campaña electoral. Empezó con una campaña ilegal en que, so pretexto de informar, se predicaba el “sí” y terminó con una distribución delictiva de los fondos públicos entre los medios de comunicación que le son afines o que colaboraron en la primera parte de la campaña. Ha negado el acceso a los medios públicos a cuantos disentían de la postura del Gobierno. Se ha permitido insultar a quienes no podían defenderse. Ha atacado a quienes como el PP defendían el “Sí” mientras callaba ante quienes como sus socios de ERC e IU defendían el “No”. Ha ofendido la sensibilidad de quienes tienen sensibilidad y ha afrentado a los ciudadanos con conciencia de su ciudadanía. Esto no ha sido un referéndum democrático sino un plebiscito dictatorial, corrompido y corruptor, del que sale mal parada la legitimidad del sistema representativo. ¿Pero a quién le importa la legitimidad en un país donde ni siquiera se respeta la legalidad?
