Desde que a comienzos de los años sesenta la izquierda tomó al asalto las instituciones académicas estatales, los tópicos propugnados por el marxismo de entreguerras han convertido el sistema educativo público en un rehén indefenso bajo la dictadura de lo “políticamente correcto”.
El último ejemplo de censura académica, con cierta relevancia internacional dada la personalidad de su protagonista, ha sido la amenaza de sanción al profesor de economía de la Universidad de Las Vegas, Hans Hermann Hoppe (uno de los principales discípulos del maestro de la Teoría Austriaca de Murray N. Rothbard y continuador de su obra), acusado de leso progresismo por sus teorías sobre el fenómeno económico de la preferencia temporal.
La preferencia temporal es la tendencia del ser humano a satisfacer de forma inmediata sus necesidades o deseos, de modo que si se priva de parte de los bienes presentes será porque espera obtener una mayor gratificación futura que compense su predilección por el consumo inmediato. Como ejemplo, un niño tienen una preferencia temporal extremadamente alta, pues no es consciente de las exigencias de la vida adulta, que le obligarán a cambiar bienes actuales (gasto) por una mayor cantidad de bienes futuros (ahorro). En general, aunque cada actor ajusta la preferencia temporal según su propio criterio, parece obvio que las personas sin ataduras familiares tienen una preferencia temporal más alta que los padres con hijos pequeños, pues estos han de preocuparse por su futuro y el de su descendencia.
En un entorno intelectual sano, podríamos continuar esta línea de razonamiento y concluir –como hizo el profesor Hoppe en una de sus clases– que los homosexuales, precisamente por carecer de descendencia (en su inmensa mayoría) tienen, en general, una preferencia temporal más alta que los individuos heterosexuales. Sin embargo, el mundo académico oficial sólo admite resultados que no contradigan la cosmovisión sedicentemente progresista, aún a riesgo de empobrecer el debate científico, reducido cada vez más a un esterilizante procedimiento burocrático. En este caso concreto, la Autoridad –universitaria, por supuesto– se ha limitado a consultar el vademécum punitivo del buen progresista, el cual prevé severas sanciones para los que sostengan afirmaciones heréticas respecto a conceptos sagrados como “discriminación positiva”, “respeto a las minorías” o “igualitarismo”.
En otras palabras, las libertades académica, de pensamiento o de expresión únicamente son aceptables si contribuyen a implantar la agenda cultural de la izquierda. (¿Se hubiera perseguido al profesor Hoppe si en lugar de los homosexuales hubiera utilizado en su ejemplo a los judíos, a los blancos o a los católicos practicantes?). Si no es así, se declara al responsable enemigo del progreso, se le sanciona convenientemente y de paso se le aplican unas pequeñas dosis de difamación pública que sirva de aviso a navegantes. Todo bien ajustado al procedimiento administrativo, no sea que a alguien se le ocurra alegar indefensión. Por indignante que resulte, “pontificar de forma sensiblera sobre criminales totalitarios como Ernesto “Che” Guevara es un derecho sagrado en el mundo académico actual, mientras que hablar sobre realidades demográficas puede ser profesionalmente letal”.
Por cierto, el Tratado Constitucional Europeo –véase como ejemplo el artículo II-23– viene a consagrar también las políticas igualitaristas, la discriminación positiva y demás estricnina cultural tan cara a la socialdemocracia de Bruselas. Otro motivo más, entre miles, para votar un no rotundo el próximo día veinte.
