Tal y como era de esperar en esta España de “talantes” y “perfiles bajos”, el ministro de Justicia ni ha dimitido, ni se ha molestado en explicar por qué no dio orden al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que recurriera el archivo del caso Atutxa. La noticia se produce veinticuatro horas después de que el TSPJ estimara el recurso de apelación de Manos Limpias contra el auto dictado por la juez Nekane Bolado, cuya ceguera nacionalista le impidió ver los clamorosos indicios de delito de desobediencia en la negativa del presidente de la cámara vasca y de otros dos parlamentarios a ejecutar la sentencia del Supremo que exigía la disolución del grupo parlamentario de los proetarras. Como recordarán, el Fiscal General del Estado se negó a recurrir el caso, en una bochornosa decisión jurídica que, de no haber sido ahora por la persistencia de la acusación popular, hubiera garantizado la impunidad al evidente y permanente delito de desobediencia de Atutxa.
El más mínimo pundonor profesional debería ahora haber llevado a Conde Pumpido a presentar su inmediata dimisión. En lugar de eso, se aferra al cargo como reincidente correa de transmisión de una estrategia política del gobierno que lo nombró y que, desgraciadamente, pasa por soslayar el Estado de Derecho con tal de acercarse a los independentistas.
Someterse al imperio de la ley hubiera exigido al gobierno, ciertamente, instar al Fiscal a que impidiese el archivo del caso Atutxa. Pero, ¿cómo iba el Gobierno a hacerlo si, al mismo tiempo, quiere llegar a pactos postelectorales con el partido al que pertenece el presunto delincuente? ¿Cómo permitir que se le juzgue, si el propio Zapatero está dispuesto a desobedecer el imperativo constitucional que le obliga a cumplir y hacer cumplir la ley para, en su lugar, negociar con los terroristas? ¿Cómo va ZP a permitir que Atutxa se siente en el banquillo si el presidente del gobierno está dispuesto a sentarse con los terroristas? Eso, por no recordar que los socios de ETA en Estella y Perpiñán, son los que precisamente ZP ya tiene y quiere tener en Barcelona y Vitoria.
Desengañémonos. La inseguridad jurídica que en este y tantos otros ámbitos se está disparando en España, es el resultado de la acción del gobierno. Lo que en una democracia normal supondría la dimisión para cualquier gobernante, es de lo que se sirven los nuestros para poder gobernar.
