Este gobierno que se enorgullece de acercarse al ciudadano y desprenderse de títulos y oropeles, tiene en cambio una extraña propensión a condecorar a los suyos. Así, pese al Código del Buen Gobierno, a partir de ahora a los miembros del “comité de sabios” habrá que tratarlos de excelentísimos señores. Y si bien los parcos méritos de nuestros actuales gobernantes parecen justificar que se les retire el tratamiento honorífico, es dudoso que los llamados sabios merezcan un destino mejor.
El informe que han pergeñado no logra justificar las razones por las que es necesario que los ciudadanos se vean obligados a pagar ninguno de los servicios de agitación y propaganda estatales. Llega hasta el extremo de denominar servicio público a los informativos de Maria Antonia Iglesias, Urdaci y Lorenzo Milá. No aporta ninguna idea que permita reducir el número de trabajadores fijos que, en ocasiones, sólo acuden al Ente para pasar por caja. Llega a afirmar que su programación no llega a la chabacanería de las cadenas privadas, como si la perforación de pene ofrecida por Julia Otero hubiese sido emitida en Antena 3. Y propone una solución extraordinaria: que paguemos más los ciudadanos y que se reduzca la contratación publicitaria, para que don Jesús pueda cobrar más dinero cuando le permitan emitir en abierto.
