Fue hace quince años cuando asomó el primer y quizá más recordado caso de corrupción del felipismo. Se trataba de un simple avance de lo que vendría después y fue el comienzo de los seis largos años de plomo en los que el personalísimo Gobierno de Felipe González se autoinmoló en la pira de la coima, el tráfico de influencias y el crimen de Estado. Nos referimos, claro está, al archifamoso caso Juan Guerra. Al calorcito del poder absoluto que del que gozó el PSOE durante los felices ochenta, el hermano del entonces vicepresidente abrió un despacho en la delegación del Gobierno en Sevilla donde, entre cafelito y cafelito, despachaba favores y prebendas a cuenta del poderoso padrino monclovita.
Tres lustros después Sevilla ha vuelto a ser la sede de un nuevo fraude que, según avanzan los días, va adquiriendo cuerpo y poniendo a cada cual en su sitio. Un constructor de nombre José Pardo y, caprichosamente, antiguo socio de Juan Guerra en sus correrías al margen de la Ley, presentó casi treinta facturas falsas por un valor de 48.000 euros al ayuntamiento de Sevilla. La corporación, gobernada por una coalición formada por el PSOE e Izquierda Unida, pagó religiosamente y se desentendió de si esas obras que habían abonado contra factura se realizaban o no.
Lo que a primera vista parecía un peligroso combinado de fraude y negligencia se convirtió en materia prima de un escándalo por las relaciones del presunto estafador con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. José Pardo no es sólo el representante de COS, la empresa beneficiaria de esas facturas, sino que tiene una relación con el PSOE sevillano que se remonta a varios años atrás. Durante la época de la gran corrupción estuvo implicado en el caso Juan Guerra y fue condenado por cohecho. Pero las amistades peligrosas de Pardo no se quedan ahí. Desde hace tiempo se encarga de la seguridad en los mítines de Sánchez Monteseirín y su empresa es una de las que la concejalía de Obras Públicas del ayuntamiento contrata con asiduidad. Y como nota curiosa desvelada por el Partido Popular de Sevilla, el ayuntamiento acostumbra a pagar las facturas remitidas por Pardo inmediatamente. Sorprendente comportamiento teniendo en cuenta que, en Sevilla, algunos acreedores municipales han tardado años en ver satisfechas sus deudas con la corporación.
Demasiadas casualidades por las que el PSOE e Izquierda Unida quieren pasar lo más rápido posible. Sobrepasado por el previsible escandalazo, Sánchez Monteseirín ha ofrecido dos sacrificios menores para acallar las críticas de la oposición y dejar definitivamente zanjado el caso. Los “dimitidos” han sido un concejal de distrito y su director de área, pero, ¿dónde está el dinero que el ayuntamiento abonó a la empresa de Pardo?, ¿por qué nadie se había preocupado de supervisar si las obras contratadas se llevaban a término?, ¿por qué Sánchez Monteseirín no ha denunciado todavía a José Pardo? Dos preguntas que conducen a la única respuesta posible: en este caso lo único que ha quedado claro es que el ayuntamiento no tiene la más mínima intención de indagar sobre la estafa perpetrada por el antiguo compinche de Juan Guerra.
