La campaña de ataques y descrédito contra la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo por parte del Gobierno parece que no se detiene. La última es el intento de descabezamiento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por haberse atrevido su presidente, Francisco José Alcaraz, a poner de manifiesto el escandaloso trato discriminatorio otorgado por el presidente del Gobierno a favor de la Asociación que preside Pilar Manjón el pasado sábado. Que Pilar Manjón, a pesar de ser víctima del terrorismo, comparta con los verdugos la tesis de que el Gobierno del PP y su política en Irak fueron los responsables de la matanza del 11-M, podrá gustar al Gobierno del 14-M, tanto como su beneplácito al carpetazo de la comisión de investigación o su silencio ante los contactos del PSOE con los integristas islámicos. No por ello, sin embargo, debería ser admisible un trato de favor tan descarado como la cálida visita que ZP le realizó el sábado a la “Asociación 11-M, Afectados por el Terrorismo” cuando se está negando a recibir, por supuestos “motivos de agenda”, a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
En este sentido, es del todo razonable que el presidente de la AVT haya puesto de manifiesto el ninguneo del que también es objeto su propia asociación, tanto o más representativa de las víctimas del 11-M que la organización que preside la conocida militante de IU.
Desde el PSOE, José Blanco ha arremetido contra Alcaraz, asegurando que “la inmensa mayoría de las víctimas no está de acuerdo ni con las formas, ni con el talante, ni con la forma de actuar de su presidente". No contento con mentir descaradamente respecto al clamor de las víctimas contra Peces Barba, Blanco también ha faltado a la verdad cuando ha disculpado al Gobierno por no haber sometido a consenso su nombramiento. Asegura el portavoz del PSOE que "en ningún momento de la historia democrática de nuestro país, ningún gobierno consultó con la oposición el nombramiento de un alto cargo del Gobierno".
No era esa falta de consulta lo que se desprendía del Pacto por las Libertades y, desde luego, le podíamos recordar al portavoz socialista el consensuado nombramiento del socialista Enrique Múgica como Defensor del Pueblo en tiempos del Gobierno del PP.
En cualquier caso, y al margen de su nombramiento, un Alto Comisionado para las víctimas que lo primero que hace es negarse a manifestarse con ellas, para, acto seguido, y tras el bochornoso incidente protagonizado por Bono, pasa a desacreditarlas, no es lo más conveniente para seguir en el cargo. Tampoco lo es tener la desfachatez, como la ha tenido Peces Barba, de mentir a la opinión pública sobre lo tratado con las víctimas, como cuando aseguró que no se había hablado con ellas de una posible negociación con ETA, cuando sí se había hecho.
Téngase en cuenta, por otra parte, que el escandaloso trato discriminatorio otorgado por este Gobierno a las asociaciones, o la imposición, contra viento y marea, de Peces Barba, no son los únicos motivos de agravio que pueden sentir las víctimas, sobre todo si, como la mayoría de ellas, no padecen el síndrome de Estocolmo. Sólo en esta última semana se ha tenido pruebas de los contactos del Gobierno con ETA o de las reticencias que, por motivos electorales, se han producido en el PSOE de cara a impedir que Batasuna se disfrace de Aukera Guztiak para poder concurrir a las elecciones. Todo esto con un presidente que, como Zapatero, establece sus alianzas de Gobierno con un independentista, aliado táctico, a su vez, de ETA en Perpiñán. Con este Gobierno, no hay que extrañarse, pues, ni de las esperanzas de los terroristas, ni de la indignación de sus víctimas. Al menos, de la inmensa mayoría de ellas.
