China fue admitida a la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2001, con el apoyo de EEUU y otros países que favorecen el libre comercio. El propósito oficial de la OMC es “asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible”. Entonces, ¿cómo es que China ahora apoya al representante de Brasil, un país eminentemente proteccionista e irrespetuoso de los derechos de propiedad intelectual, para ocupar el cargo de director general de ese organismo?
China quiere contrarrestar el poder de EEUU en la OMC y promueve la campaña de los países menos desarrollados para conseguir bajar las barreras arancelarias y no-arancelarias a sus exportaciones. La historia económica nos demuestra que la protección de los derechos de propiedad y el libre comercio favorecen el desarrollo y la prosperidad. Eso lo han comprobado países como Singapur, Estonia, Irlanda y Nueva Zelanda. Que nombren entonces a un funcionario estoniano o irlandés, no a un brasileño.
El presidente brasileño “Lula” da Silva es considerado “un moderado” por casi toda la prensa internacional, dándosele poca importancia a su asociación en el Foro de Sao Paulo con Fidel Castro, Manuel Marulanda de las FARC, Hugo Chávez, Daniel Ortega, el recién electo presidente de Uruguay Tabaré Vásquez y líderes terroristas mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos y de la ETA.
El año pasado Lula y Chávez declararon que las relaciones comerciales entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo son “inhumanas”. En noviembre de 2004, el presidente chino Hu Jintao visitó Brasil para firmar más de una docena de tratados comerciales y de inversiones. En las semanas siguientes, China firmó importantes tratados comerciales y de inversiones con Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Cuba. Chávez al ofrecer a los chinos 15 campos petroleros en el oriente venezolano declaró que allí hay mil millones de barriles en reservas, la mayoría de los cuales “fluirá hacia China”.
Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba están retrocediendo a los tiempos del trueque, intercambiando maquinarias y aviones brasileños, ganado y cereales argentinos, petróleo venezolano y médicos, oficiales de inteligencia o maestros cubanos, a la vez que volviendo a nacionalizar industrias y servicios que habían sido privatizados en los años 90.
Pero el socialismo no favorece sino a quienes están muy cerca del poder. En los primeros cinco años del gobierno de Chávez, entre 1999 y 2004, el gasto público aumentó en Venezuela de 18,8% del PIB a 32,8% y la pobreza se incrementó paralelamente de 42,8% a 53%, a pesar de haber alcanzado el petróleo su precio más alto y que el gobierno regala más de un billón de bolívares en efectivo cada año, sin ningún control, a 400 mil venezolanos.
Es cierto que los países menos desarrollados deben unirse para pelear contra el proteccionismo agrícola de la Unión Europea y las falaces leyes “anti-dumping” de EEUU que protegen a sus productores ineficientes, quienes inclusive reciben –bajo la enmienda Byrd– el dinero de los aranceles que se pagan en las importaciones de esa mal llamada “competencia desleal”.
Pero nombrar al representante de Lula director general de la OMC equivale a poner al lobo a cuidar el gallinero.
