Hay días en los que no es muy difícil advertir quién es realmente el que gobierna en España. Uno de esos días fue ayer, viernes 15 de abril, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quien ayer dictó a distancia la principal de las decisiones tomadas en el Consejo no fue el presidente del Gobierno sino su más firme apoyo en el Parlamento, un conocido partido republicano, que profesa una ideología a caballo entre el nacionalismo y el socialismo y que apenas cuenta con 650.000 votos. Sí, sólo 650.000 votantes en un país que pasa de los cuarenta y dos millones de habitantes. Sin este partido y sin la debilidad política y moral del Gobierno socialista es virtualmente imposible entender la arbitrariedad que el Consejo de ministros cometió ayer ordenando el traslado inmediato a Barcelona de los legajos de origen catalán que se conservan en el Archivo General de la Guerra Civil, que, físicamente, están en Salamanca, pero que bien podrían hallarse en cualquier otra ciudad de España.
No ha valido de mucho insistir a lo largo de los últimos meses que trasladar el Archivo era una estupidez soberana y contraria al más elemental sentido común. Por un lado, criterios técnicos indicaban que los archivos han de permanecer unidos allá donde se establezca su sede. Y por otro, había y hay motivos políticos para no remover de un modo oportunista e irresponsable una etapa de nuestra historia común a la que le debemos respeto y en la que no entra, o no ha de entrar jamás, la demagogia y la especulación política. Frente a ello, frente a argumentos de tal peso, ha bastado una simple amenaza proferida por un diputado separatista en la cámara baja para que el Gobierno se precipitase en una decisión que puede salirle más cara de lo que piensa.
A pesar de que la ministra Carmen Calvo, en su habitual simpleza trufada de ignorancia, no vea más que un simple traslado de papeles que “no tienen nada que ver con Salamanca, ni con Castilla y León, ni con la Guerra Civil”, lo cierto es que ayer se sentó un precedente que puede traer cola y ser el inicio de una irracional “guerra” de los archivos. Porque puestos a exigir al vecino, casi cualquier ciudad, cualquier pueblo está en posición de valerse de los mismos argumentos para pedir el retorno de legajos históricos, documentos importantes u obras de arte. De semejante escenario, que por absurdo no tendría cabida ni en una película de Fellini, estamos más cerca hoy que ayer gracias a una errada y servil decisión de un Gobierno que se dice de todos los españoles.
