¿Qué empuja al gobierno del PSOE a legalizar la situación de inmigrantes con documentos tan inconcebibles como las propias órdenes de expulsión o las denuncias por supuestos delitos? ¿Por qué ese afán en aumentar el número de los legalizados, sin tener en cuenta su situación personal, la forma en que han llegado a España, su capacidad laboral o su peligrosidad?
No encuentro respuestas. Excepto la demagogia de intentar demostrar su solidaridad con los más pobres del mundo, dándoles acogida indiscriminadamente, o la económica de mantener el crecimiento sobre las bases de mano de obra inmigrante barata y endeudamiento con el exterior, o la política de querer tener razón cuando afirmaban que en España vivían un millón de inmigrantes sin papeles.
Sean cuales fueran las razones, y es posible que ninguna de esas sean las verdaderas, cada vez debe ser más fuerte en el mundo no desarrollado el efecto llamada de España a todo tipo de inmigrantes y a las mafias que viven como parásitos del fenómeno. En uno o dos años España volverá a poblarse de nuevos contingentes de inmigrantes ilegales, que definitivamente no encontrarán ya aquí trabajo. La policía española no es capaz de controlar nuestras fronteras y todos los que quieren papeles piensan que un carnet de residencia en España les permitirá recibir aquí algún tipo de asistencia social y posteriormente desplazarse por Europa. La política de inmigración española acabará por provocar la ruptura de los acuerdos de Schengen y nos obligará a enfrentarnos a un desafío político y social que nunca imaginábamos que fuera a producirse tan pronto, tan masivos y tan fraudulentamente.
