Si en países ricos la legislación ambiental tiene altos costes, en los países pobres puede resultar desastrosa, dificultando enormemente el crecimiento y el progreso. No obstante, para muchos, si son ciertas las profecías ecologistas de catástrofes causadas por los cambios climáticos, agotamiento de recursos naturales, crecimiento de la población, aumento de la contaminación y deforestación, hasta parecería sensato sacrificar el desarrollo industrial y mantener a los pueblos en el atraso para evitar tales calamidades a generaciones futuras.
Pero, ¿son ciertas las profecías? No. El planeta Tierra no se encamina al desastre. Por el contrario, está cada vez mejor. Todavía hay mucha pobreza. Pero en millones de años, nunca antes el hombre había producido tanto alimento como hoy y cada vez son menos los que padecen hambre. El crecimiento de la población mundial pronto llegará a su pico y luego comenzará a disminuir. Más aún, en algunos países ricos la población ya ha caído, obligando a gobiernos a promover el aumento de su población dando incentivos a las parejas con hijos.
La temible profecía de la “bomba poblacional” resultó un engaño, al igual que el agotamiento de los recursos minerales y la energía, que cada vez son más abundantes. También la deforestación, la contaminación ambiental y la extinción de las especies han sido exageradas. Al progresar y enriquecerse, los países pobres superan estos problemas.
La nueva profecía del calentamiento global causado por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera también se ha dramatizado. Para reducir el calentamiento los ecologistas buscan imponer fuertes cargas a las economías, incluso a las más pobres. Y si bien sus propuestas de “ordenar, regular, penalizar” no siempre tienen un impacto ambiental favorable, a menudo provocan grandes pérdidas a la producción y el empleo.
El calentamiento global es un ejemplo del absurdo ecológico. Las estimaciones son que para el año 2.100 la temperatura podría elevarse en 2,1º C. De cumplirse el Protocolo de Kioto se lograría que aumente en 1,9º C, es decir, dos décimas de grados menos que si no se adoptara medida alguna. Sin embargo, el coste de estas medidas, solamente para los EEUU estaría en el orden de 200 mil millones de dólares, lo que es mucho más que el costo de eliminar el principal problema de salud de los países pobres: el acceso universal al agua potable y saneamiento que ocasiona la muerte de 2 millones de personas al año y graves enfermedades a unas 500 millones de personas, explica Bjorn Lomborg en su libro “El ecologista escéptico”.
Los ecologistas estaban y están errados. Y no solamente se equivocaron al evaluar la situación del planeta, sino también en sus propuestas de solución. Las ideas socialistas que predominan en el movimiento ecológico son particularmente nocivas para los países pobres porque se oponen al mercado, la industrialización y el crecimiento económico, a la vez que rechazan las tecnologías de avanzada, como los transgénicos y las centrales nucleares. Estas actitudes anacrónicas alejan a los ecologistas de la realidad, según la revista The Economist.
El mismo Protocolo de Kioto busca soluciones de mercado al establecer instrumentos como el intercambio de derechos de emisión o “créditos de carbono”, igual a los que existen en EEUU para el control de contaminación por dióxido de azufre. Las soluciones de mercado otorgan derechos de propiedad privada en sectores donde la propiedad común ha provocado la exagerada utilización de recursos naturales conocida como la “tragedia del común”. Así, las cuotas de pesca otorgadas a los pescadores han salvado la industria pesquera en muchos ríos.
Los países pobres deben rechazar las leyes ambientales de los países ricos porque no son aplicables a su realidad. Las altas tasas de crecimiento poblacional al igual que la elevada contaminación y deforestación que caracterizan a los países pobres son parte del proceso inicial de desarrollo y se revierten cuando los pueblos progresan y mejoran su calidad de vida. En lugar de dificultar el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, leyes y regulaciones ambientales en países pobres, deben hacer lo posible por acelerarlo.
