El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de la Ley de Defensa Nacional aprobada por el Gobierno. Ese rechazo es la muestra más evidente de que tampoco en política de defensa apuesta el Gobierno por un entendimiento con el PP. En realidad, el consenso se había roto ya como consecuencia del neopacifismo del actual presidente del Gobierno y por la utilización que el actual ministro de Defensa ha hecho del accidente del Yak-42. En ambos casos se utilizó la política de defensa, y todavía se insiste en ello, como un instrumento para desacreditar al Gobierno anterior y descalificar a la actual oposición. El ánimo de lograr una ventaja electoral justificó, al parecer, desarmar el andamiaje sobre el que se sustentaba un acuerdo vital para los intereses generales de los españoles.
El ministro de Defensa ha desaprovechado ahora una nueva oportunidad para tratar de reconstruir ese necesario consenso con la presentación de la nueva Ley de Defensa Nacional. Ha sido una pena porque en este caso existe una coincidencia entre los dos partidos en la necesidad de reformarla. Esta ley fue aprobada en 1980 y su última modificación tuvo lugar hace ya más de 20 años. La Ley vigente no contempla ni nuestra pertenencia a organizaciones como la OTAN o la Unión Europea, ni la participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones de paz, ni las amenazas emergentes como el terrorismo a las que debemos hacer frente. Por otro lado, la Ley supone un freno a la necesaria acción conjunta que debe caracterizar hoy a las Fuerzas Armadas y se encuentra estructuralmente desfasada.
La principal discrepancia se centra en la participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones en el exterior. En este terreno el Gobierno debería eludir legislar mirando el pasado más inmediato y tratar de dirigir su visión hacia el futuro. Así, una de las cuestiones más preocupantes que contiene el proyecto de ley aprobado por el Gobierno es su voluntad de judicializar las decisiones políticas sobre el envío de tropas al exterior, ilegalizando cualquier operación que no se protagonice por una organización multinacional y no se ajuste a una siempre controvertida interpretación del derecho internacional.
El objeto de la Ley debe ser facilitar la participación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, porque eso es lo que demanda la situación estratégica actual, y no constreñirla arbitrariamente. En todo caso, lo que resulta inasumible es que la nueva Ley criminalice decisiones que el anterior Gobierno adoptó desde el convencimiento de que servían a la seguridad y a los intereses de nuestro país. No hay que olvidar que también la necesidad humanitaria y la defensa de los valores comunes obligaron a España a intervenir en un conflicto como el de la antigua Yugoslavia, aun a pesar de no disponer de la cobertura internacional que ahora se pretende imprescindible.
Una segunda cuestión es la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las amenazas emergentes, en especial contra el terrorismo. La colaboración de los ejércitos es una necesidad ineludible ante la dimensión de la amenaza a la que nos enfrentamos. Pero estamos ante una cuestión sensible para el funcionamiento de nuestro propio sistema democrático y debe ser por tanto legislado con precisión y rigor. La nueva no establece quién tiene la autoridad para ordenar a las Fuerzas Armadas estas misiones de seguridad interior, cuál es la estructura de mando operativo en estos supuestos y cuál es el estatus con el que actúan nuestros soldados dentro del propio territorio.
Un último elemento es aumentar la participación del Parlamento en la definición y control de la política de defensa, como un instrumento clave para alimentar el necesario consenso al que todos aspiramos. Sin embargo, la conveniente participación del Parlamento no debe maniatar al Gobierno para responder con prontitud a la generación de crisis ni a la cadena de mando para ir adaptando la misión a la propia evolución de las circunstancias. Debe establecerse una obligación genérica, por tanto, de informar al Parlamento de forma inmediata y fluida de las misiones en el exterior de nuestros ejércitos, pero sin perjuicio del ejercicio de responsabilidades que constitucionalmente compete al Ejecutivo y sin despojar a los mandos militares de cualquier capacidad de reacción sobre el terreno de operaciones.
Ignacio Cosidó es senador del PP.
