Al principio de la legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo del mantenimiento de los fondos de la UE que percibe España uno de los ejes básicos de su política europea. Hoy, esa estrategia prácticamente se ha venido abajo como un castillo de naipes enfrentado a una simple corriente de aire.
Zapatero nunca entendió que, con la ampliación de la Unión Europea a los países del Este y con el grado de desarrollo alcanzado por España, nuestro país estaba destinado a perder buena parte de los dineros procedentes de Europa que, a lo largo de los últimos veinte años, han financiado el proceso de convergencia con la UE. El PP, en cambio, no sólo sabía esto a la perfección sino que, incluso, ya venía advirtiendo de que teníamos que prepararnos para, a partir de 2007, empezar a ser contribuyentes netos a las arcas comunitarias puesto que dejábamos de cumplir los requisitos que nos daban derecho a percibir el fondo de cohesión y buena parte de los fondos estructurales. Zapatero creyó que podría invertir el curso de los acontecimientos sin más, que bastaba para ello con levantar, de manera graciosa y unilateral, el veto de España a la Constitución europea para, como dijo en su momento, “negociar mejor los fondos europeos”. Pues bien, una vez retirado el veto, el presidente del Gobierno no tiene forma de conseguir salirse con la suya.
El problema, sin embargo, no consiste en sí mismo en dejar de percibir tanto o cuanto dinero de las arcas comunitarias, sino en que el Gobierno ha diseñado una estrategia de política presupuestaria basada en un aumento indiscriminado del gasto público que será difícil de sostener si, de golpe, caen los ingresos procedentes de la UE, como va a suceder a partir de 2007, sin que los dos años de gracia de percepción del fondo de cohesión ofrecidos por la Unión Europea vayan a servir para remediar las cosas. Zapatero, por tanto, se encuentra en un aprieto: quiere gastar más, con cargo a Europa, y resulta que esa misma Europa a la que trata de caer bien con tanto afán ahora le dice que no, que esas son las reglas del juego y que no van a cambiar porque sí para favorecerle.
El propio Zapatero, además, ha cometido un error táctico en la negociación. Quiere más dinero y, sin embargo, apoya las pretensiones de Alemania y Francia de reducir los gastos de la Unión Europea ampliada hasta el 1% de su PIB. ¿De dónde van a salir, entonces, los recursos para financiar las pretensiones de nuestro presidente del Gobierno? El problema del recorte de los gastos es que deja menos dinero para los fondos estructurales y de cohesión, sobre todo si tenemos en cuenta que la política agrícola común (PAC) seguirá llevándose casi la mitad de los recursos presupuestarios de la UE, y, además, ese dinero ahora hay que repartirlo entre más países, y bastante más pobres que España, como consecuencia de la ampliación. Por tanto, si Zapatero quiere más dinero de Europa para nuestro país, lo que tendría que hacer es justo lo contrario: apoyar la subida del techo de gasto o, cuando menos, respaldar que se quede en su nivel actual del 1,24% del PIB comunitario. Pero volvemos a lo mismo que antes: en vez de seguir este camino, se suma incondicionalmente a las propuestas de Alemania y Francia, cuando los franceses ya tienen lo que quieren –seguir recibiendo mucho dinero de la PAC- mientras los alemanes insisten una y otra vez en que aportan demasiado a las arcas comunitarias y no se olvidan de que Aznar ya consiguió muchísimo dinero para nuestro país en las negociaciones de la Agenda 2000, esto es, las perspectivas financieras de la UE para el periodo 2000-2006.
En este contexto, parece muy claro que Zapatero, por mucho que insista en caer bien a germanos y galos, no va a conseguir lo que pretende, y mucho menos cuando, después de la revisión del PIB español, vamos a tener que pagar más dinero a la UE. Por ello, lo lógico sería que ajustara su estrategia de política presupuestaria y se planteara la reducción del gasto público en España porque, de lo contrario, o volvemos al déficit o se suben los impuestos cuando ninguna de las dos cosas es beneficiosa para la economía española, para la creación de empleo ni para esa productividad que tanto dice el Gobierno que le preocupa.
