La Comisión de No Investigación en el Congreso de los Diputados sí ha servido y para mucho. Hoy sabemos mucho más y no por intuición o simples sospechas o teorías conspiratorias sin base alguna, sino por constancia fehaciente día tras día desde que el 20 de mayo de 2004 el Pleno del Congreso mandara a los comisionados a que iniciaran su andadura. La Comisión ha puesto a cada uno en su sitio.
Durante largos meses de inactividad para que la fábrica publicitaria de Zetapé pueda vender que se trata de la Comisión más larga de la democracia, la única conclusión incontestable de la pantomima parlamentaria pretendida por las izquierdas que han conseguido echar al PP del poder es que hoy sabemos que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se niega a investigar la verdad. Y no es una negativa genérica y amplia a mantener indefinidamente abierta una comisión que sólo sirve para la confrontación política, como quieren hacernos creer, es un intento de echar tierra sobre todos y cada uno de los interrogantes concretos que se ciernen sobre la planificación, desarrollo, consecución y posterior ejecución de la mayor masacre de la historia de España. A pesar de los enterradores parlamentarios de la Comisión hoy sabemos más, mucho más.
Sabemos que el Gobierno del presidente socialista que accedió al poder tras la conmoción social provocada por la matanza terrorista se niega a entregar la documentación solicitada en el Parlamento. Sabemos que su grupo parlamentario se ha negado reiterada y rotundamente, a acceder a que se produzcan comparecencias clave en el esclarecimiento de los hechos. Sabemos que el Ejecutivo de Zapatero no quiere que sepamos por qué al menos dos miembros del Partido Socialista están relacionados directamente con la trama de los atentados. Sabemos que no quiere que averigüemos por qué uno de ellos, Fernando Huarte, importante dirigente en Asturias que colaboraba con los servicios secretos españoles, visitaba en la cárcel antes y después de los atentados al brazo derecho de los terroristas. Sabemos que tampoco quiere que se esclarezca la verdad sobre cómo un militante del partido en Madrid –ahora dado de baja– cuyo piso fue centro neurálgico de los terroristas, está acusado por el juez del Olmo de participar directamente en la organización de la masacre.
Sabemos que el presidente impide a través de la obstrucción de su partido con el apoyo de sus aliados en el Gobierno que se sepa por qué un policía nacional que fue escolta del juez Baltasar Garzón es el propietario del local que liberó los móviles con los que se produjeron los atentados, teléfonos que fueron la clave para que antes de las elecciones se produjeran las detenciones de los presuntos islamistas implicados en la trama y que hicieron cambiar el sentido del voto a un millón de votantes, según el CIS.
Sabemos que el presidente se niega, a través de la constancia palmaria de la actitud de sus representantes en la Cámara Baja, a que se averigüe cómo se organizaron los atentados por parte de quienes vendieron los explosivos, algunos de ellos confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sabemos también que algunos de los entonces responsables policiales responsables de las denuncias previas sobre la existencia de los asturianos vendedores de la dinamita y sus conexiones con los implicados en los atentados no eran hombres de confianza del Partido Popular en el Gobierno y sí de los anteriores responsables de los Ejecutivos de Felipe González, algunos implicados en los crímenes de los GAL y en el saqueo de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Apenas importa si la ETA está o no relacionada, lo que importa es que hubo quien tuvo conocimiento previo de lo que se estaba cociendo y que por distintas causas la información nunca llegó al Gobierno de José María Aznar.
