José Bono, como político con grandes ambiciones, le gusta jugar el papel del disonante en el gabinete radical de Rodríguez Zapatero, pero Bono, como ministro de Defensa, está siguiendo los pasos y culminando la política socialista que en su día arrancó Narcís Serra.
En efecto, culminada la desmilitarización de las fuerzas armadas y pasadas éstas a servir de ONGs con una naturaleza robusta, el gran diseño surgido del felipismo para acabar con el “problema militar” en España, ahora toca una vuelta más de tuerca: la desnacionalización de la defensa. En un país cuyo gobierno se entrega de pies y manos a los grupos nacionalistas e independentistas, la defensa nacional deja de tener sentido. El hecho de que la Ley Orgánica de la Defensa que promueve José Bono se apoye en los socios más radicales del gobierno, como ERC, que rechazan la idea de España como nación, no deja de tener sus consecuencias. Todas ellas altamente preocupantes. No es inimaginable que Carod y otros demanden del gobierno la retirada de las unidades que aún quedan del ejército español en Cataluña y País Vasco, por ejemplo. Ni que impongan su lengua sobre el español en todos aquellos acuartelamientos más allá de las fronteras castellanas.
Diga lo que diga Bono y quiera lo que quiera Rodríguez Zapatero, es insostenible que la defensa se base en acuerdos parlamentarios con fuerzas políticas que no sólo cuestionan el papel de las fuerzas armadas, sino que discuten la entidad de España.
Pero hay más, lo que ocurre en el plano interno también tiene su traducción en el plano internacional. Cegados por su rencor sobre el papel de España en la crisis de Irak, la formalización con rango de Ley de que cualquier envío al exterior de tropas nacionales deba contar con el amparo y resolución de la ONU o de otro organismo internacional, más la aprobación del Congreso de los diputados, no sólo establece un sistema de doble llave difícil de superar, sino que reconoce y admite algo mucho peor: la pérdida de soberanía nacional, de autonomía nacional de decisión en materia de defensa. El gobierno de Rodríguez Zapatero y la política de José Bono aspiran a que España no pueda decidir por sí sola en un tema que tiene que ver con su seguridad y su existencia.
