No le falta razón al portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, cuando califica de "varapalo importante" al Gobierno de Zapatero la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite la querella presentada por la AVT contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas, al apreciar indicios de colaboración con ETA.
Ciertamente, sea cual sea el resultado final, el hecho de que un juez admita a tramite la querella, muestra el interés del juez Fernando Grande Marlaska por impedir que ETA burle la Ley de Partidos; un interés que, ya de por sí, deja en evidencia la renuencia de quienes deberían haber sido los principales instigadores de ese proceso judicial, como son el Fiscal General del Estado y el presidente del Gobierno.
Claro que, si los socios catalanes de ETA en Perpiñán ejercen, a su vez, de principales socios del gobierno de ZP, ¿hay que extrañarse de que el presidente no aplique la legislación antiterrorista a la que en su día se opusieron sus actuales aliados? ¿Hay que hacerlo por que ofrezca negociación a la organización criminal? ¿Hay que extrañarse de que ZP no tenga claro si el país que gobierna es o no una nación? Porque no nos engañemos; a esa duda existencial sobre la nación no le han llevado al presidente las lecturas del mediocre de Norberto Bobbio, sino las exigencias del indeseable de Carod Rovira; un independentista que no tuvo empacho ni en reunirse con ETA para diseñar “estrategias conjuntas para desestabilizar al Estado Español”, ni en reclamar a ETA que no atentase en Cataluña porque “Cataluña no es España”.
La deserción de Zapatero no es tanto jurídica o procesal, sino de índole moral y política. La actitud moral que era exigible ver en un presidente, de cara a instar a la ilegalización del PCTV, era la de “Que por mi no quede”, que tanto repitiera Julián Marías. Aun en el improbable caso de que los tribunales tumbaran esa iniciativa, la posición de ese presidente hubiera quedado, así, salvada de cara a la opinión y a la decencia pública.
Lo cierto, sin embargo, es que el presidente del gobierno del 14M, lejos de dar prioridad a que los proetarras dejen de tener representación y subvención pública, ha preferido dar por adelantado a ETA ese balón de oxígeno a cambio de una tregua. Y prueba de ello es la oferta pública del gobierno a la organización criminal, reflejada en las páginas de El País y basada en negociar con el PCTV la modificación del Estatuto de Guernica y en “dialogar” con la propia ETA “sobre la situación de los presos”.
No sabemos lo que decidirá finalmente el juez García Marlaska, pero, a la vista de las ofertas de ZP a ETA, no nos cabe duda alguna de que quien también tiene clara convicción de la naturaleza proetarra del PCTV es el propio José Luis Rodríguez Zapatero. A él, sin embargo, no le importa. Y a nosotros no nos extraña.
