Manuel Chaves empieza a descubrir los sinsabores de la política de gasto público en que ha embarcado a la Junta de Andalucía. El presidente andaluz ha debido de pensar que esto seguía siendo Jauja y que las comunidades autónomas podían gastar y gastar porque, al final, el Estado vendría en su socorro, como hasta hace diez años. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces, gracias al modelo de financiación autonómica que puso en marcha el PP, basado en la corresponsabilidad fiscal que, en castellano de Sancho Panza, quiere decir que cada palo aguante su vela. Y Chaves ahora se da cuenta de que el escenario es este y que sus correligionarios del Gobierno central, esto es, Zapatero y los suyos, no están por la labor de cambiar sustancialmente las cosas.
El presidente andaluz se dedicó en los últimos años de la década de los noventa a alimentar el gasto público sanitario, que es, junto con las pensiones, el que crece con más fuerza, y ahora se encuentra con que los presupuestos autonómicos no pueden sostener este ritmo de crecimiento y, al mismo tiempo, seguir financiando otras partidas de gasto público cuyo crecimiento también se ha impulsado innecesaria e irreflexivamente desde la Junta. Chaves, por tanto, se enfrenta al dilema que él mismo ha creado: o bien reforma la sanidad pública, cosa que, en cualquier caso debería hacer para frenar el aumento explosivo de sus gastos, o bien aprovecha la posibilidad que le ofrece el modelo de financiación autonómica para subir los impuestos. Porque, diga lo que diga Chaves, el Gobierno andaluz, como los demás ejecutivos autonómicos, cuenta con la capacidad para modificar la mayor parte de los tributos cedidos, tanto para subirlos como para bajarlos, como está haciendo Esperanza Aguirre en Madrid.
De las dos opciones de que dispone para resolver los problemas financieros de la sanidad pública andaluza, Chaves se ha decantado por la subida de impuestos. El problema es que la figura tributaria que debe manejar para solventar la cuestión es, ni más ni menos, el Impuesto sobre la Renta, el que pagamos directamente todos los españoles y, además, del que más consciencia tenemos de su pago debido a que todos los años tenemos que hacer la declaración de la renta. Y, claro, esto a Chaves no le gusta porque un aumento del IRPF, cuando el PP lo redujo dos veces en sus ocho años en La Moncloa y sigue haciéndolo en algunas autonomías en las que gobierna, como Madrid, es harto impopular y cuesta votos. Porque, con la corresponsabilidad fiscal, los gobiernos regionales tienen que dar cuenta directamente a los ciudadanos de la comunidad autónoma de lo que hacen con el dinero que sacan de sus bolsillos a través de los impuestos y explicar, además, por qué se sube la tributación y si no hay otras formas mejores de conseguir los objetivos que se persigan que no sean sobrecargar más las ya de por sí castigadas carteras de los contribuyentes. Y esa explicación Chaves ni quiere ni puede darla.
