El escándalo surgido esta semana en la Comisaría General de Información es al mismo tiempo previsible y significativo. Previsible porque el PSOE siempre ha intentado politizar la policía como un instrumento al servicio de los intereses del Partido. Significativo porque ningún otro error de este Gobierno dañará más nuestro sistema democrático que el creciente uso partidista del Cuerpo Nacional de Policía.
El nombramiento del Comisario General de Información tuvo mucho que ver con el pago de favores durante los años de oposición socialista. Las estadísticas de delincuencia eran conocidas por la oposición incluso antes que por el propio Gobierno. Con esa información privilegiada, y no poca demagogia, el PSOE montó una tremenda campaña sobre la inseguridad ciudadana que constituyó uno de sus escasos éxitos como oposición a los gobiernos de Aznar.
Tras los atentados del 11 de marzo dos hechos resultaron determinantes para la victoria del PSOE en las elecciones del 14. Primero, el tremendo error policial de atribuir en un primer momento con total seguridad los atentados a la banda terrorista ETA. Sin esa contundencia en la acusación policial inicial es muy posible que la actuación política del Gobierno Aznar en esos tres días hubiera sido muy distinta y el resultado electoral también. Pero aún más grave fueron las continuas filtraciones al PSOE de las investigaciones posteriores, lo que permitía a los socialistas acusar al Gobierno de no dar una información de la que incluso aún no disponía.
Una vez en el poder, el uso de la policía ha sido desvergonzado. La detención ilegal de dos afiliados del PP por unas falsas agresiones al ministro Bono es solo la punta del iceberg. Una actuación de ese tipo resulta inadmisible en una democracia, pero aún nadie ha respondido políticamente de semejante atropello.
