La venta de Amena a France Telecom suscita una cuestión de suma importancia que hasta ahora no ha sido planteada. Se trata de que la segunda empresa española de un sector estratégico como las telecomunicaciones, cien por cien privada, ha sido enajenada a una compañía pública, extranjera y dependiente del Gobierno de su país. Es algo de suma importancia que no se puede pasar por alto así como así.
Yo no tengo nada en contra de que se vendan empresas españolas, o participaciones en ellas, al capital extranjero. Es la lógica de la economía de mercado de la que también se benefician las compañías españolas y sus accionistas cuando nuestras sociedades realizan compras e inversiones más allá de nuestras fronteras. No se trata, por tanto, de una cuestión de nacionalismo rancio, ni mucho menos, sobre todo cuando la entrada en nuestro mercado de operadores extranjeros sirve para estimular la competencia, lo que siempre se traduce en precios más bajos, mayor calidad de los servicios y una innovación tecnológica y de productos prácticamente constante, dirigida a tratar de mantener y ampliar la cuota de mercado. Con todo ello, en última instancia, quien sale beneficiado es el consumidor, razón por la cual hay que dar la bienvenida a las empresas extranjeras. Ahora bien, el caso de Amena y France Telecom tiene características particulares que invalidan esta argumentación.
Amena nació como fruto de la privatización de Retevisión, la entonces empresa pública propietaria de la red de transmisión de la señal de Retevisión. Su venta a France Telecom, una compañía en manos del Gobierno francés, representa una suerte de renacionalización de la empresa. Este es un punto en el que se nota, y mucho, el cambio de Gobierno. Cuando el Partido Popular detentaba el poder, Rodrigo Rato, como vicepresidente económico del Gobierno, paró la entrada en la eléctrica Hidrocantábrico de EDP y EDF, las compañías portuguesa y francesa, por el hecho de ser públicas, de la misma manera que Rato detuvo los intentos de entrada de otras compañías públicas en empresas españolas privatizadas. Su argumento era muy claro y muy lógico: “no hemos privatizado para volver a nacionalizar las empresas”. Con el PSOE en el poder, las cosas son distintas.
No se puede pasar por alto en esta operación el intercambio de visitas entre los Gobiernos español y francés previos a la venta de Amena a France Telecom, un postulante de última hora que apareció cuando Merrill Lynch, el banco de negocios al que el Santander encargó la venta, ya había cerrado el plazo de presentación de ofertas. El Santader afirma, en este sentido, que la oferta de France Telecom era, con diferencia, la mejor, y no lo ponemos en duda, como tampoco negamos que busque el máximo precio por una operación como esta, que beneficia al banco y a sus accionistas. No. El asunto no es cosa de la entidad que preside Emilio Botín, sino del Gobierno, que debería haber dicho algo, directamente o a través de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que puso tanto empeño en controlar.
Porque en este asunto hay mucho que decir al ser France Telecom una empresa pública y porque, además, no hay un principio básico de reciprocidad con Francia: sus empresas pueden entrar en España con toda naturalidad y tranquilidad, dependan o no del Gobierno, mientras que las españolas, o las de cualquier otro país, cuando se plantean operar en el mercado francés se encuentran con todo tipo de trabas y dificultades hasta convertirse en un muro infranqueable que hace imposible cualquier operación de este tipo, a pesar de que los tratados de la Unión Europea establecen muy claramente, y desde el principio, que la libertad de movimiento de personas –físicas y jurídicas- es uno de los pilares básicos sobre los que se construye el proyecto de integración europea. Pues ese pilar falla por el lado francés y al Gobierno español no le importa. ¿Cuál es el motivo?
