El gobierno uruguayo tiene confundida a la opinión pública por las medidas que está tomando desde que asumió, hace tan solo cuatro meses.
Esto en cierta manera es lógico porque se trata de un “Frente Amplio” de fuerzas de izquierda coaligadas. El espectro ideológico abarca desde la socialdemocracia hasta el socialismo-marxista. Cada una de las tendencias, según su caudal electoral, tiene su cuota de poder efectivo, por medio de la titularidad de uno o más ministerios.
Desde allí, como una orquesta desafinada, cada cual ejecuta su “partitura”. El director musical –el Presidente de la República– por el momento al menos, deja actuar a los intérpretes. Como es lógico suponer, el resultado final es desconcertante.
Por ejemplo, el ministro de Economía es socialdemócrata, lo cual indica que la línea de su accionar es capitalismo para producir riqueza y socialismo para distribuirla. Ergo, los uruguayos tenemos asegurado, que vamos a seguir con un gasto estatal desmesurado, presión impositiva desmedida y elevadas tarifas públicas, incluyendo los combustibles.
No obstante, la conducción económica es lo más coherente que hay dentro de la presente administración. El ministro tiene muy claro que la única manera de generar empleos “genuinos” es mediante el aumento de la inversión privada. Lo malo es que asume que, una vez recuperada la producción nacional, se deben “alcanzar los niveles y la composición de gasto público que necesita (Uruguay) para solucionar los problemas sociales que tiene”.
Descendiendo un escalón en la escala ideológica –donde el punto más alto lo constituye el liberalismo y el más bajo el totalitarismo– tenemos a la postura del ministro de Industria. Este indicó a la prensa, que el gobierno impulsará un “programa nacional de desarrollo” que prevé revalorizar el papel del sector manufacturero, a la vez que prepara medidas que permitan reabrir fábricas cerradas.
Dijo que frente a la “falta de estrategias”, el nuevo gobierno se propone tener un papel más activo. Promoverá una batería de incentivos fiscales y exoneraciones para estimular la radicación de empresas en “parques industriales”. Especificó que el rol de las autoridades será intervenir “para corregir insuficiencias del mercado”.
Simultáneamente, en abril el Poder Ejecutivo derogó el decreto que permitía la intervención policial para desalojar locales ocupados como consecuencia de conflictos sindicales. Desde entonces ha habido varias ocupaciones.
Asimismo, las autoridades de la educación han modificado la normativa vigente y declaran “lícitas” las ocupaciones estudiantiles de centros de enseñanza, si esa medida surge de “decisiones gremiales”.
Se han instaurado “Consejos de Salarios” obligatorios por rama de actividad. Son tripartitos, con representantes de los trabajadores, empresarios y el Estado. El ministro de Trabajo ha declarado públicamente en reiteradas ocasiones que su cartera no será imparcial: estará decididamente volcada a favor del proletariado.
El ministro del Interior, para solucionar el “hacimiento” (quiso decir “hacinamiento”) en las cárceles, decidió proponer una ley para liberar anticipadamente a un gran número de reclusos. Además, como parte complementaria, existe una propuesta para obligar a las empresas concesionarias de obras públicas a incorporar a su plantilla a un 5% de los presos que sean liberados. A su entender, esto se justifica porque el “sistema capitalista” es el culpable de que haya delincuencia.
También hay un proyecto de ley, ya aprobado en Diputados, para proteger la actividad sindical. Si se torna en ley, la cúpula sindical será tan poderosa como en Italia en tiempos de Mussolini.
El ex presidente Jorge Batlle ha denunciado que a través de estas medidas, aparentemente suaves, la sociedad uruguaya irá cayendo dentro de una estructura cuasi totalitaria. Concretamente en un socialismo de base marxista, donde habrá unidad de conducta y acción entre el Estado-Partido asociado a la cúpula sindical altamente ideologizada. Y que el “objetivo” del gobierno de Tabaré Vázquez es “controlar a la sociedad desde el Estado.”
