Nuestros empresarios advierten que el creciente sector informal que actualmente sobrepasa el 70% de la economía paraguaya nos afecta en la esfera internacional y nos puede eliminar del mapa de las inversiones y los negocios. Para combatir el mal organizan un “pacto ético” que certificará la conducta de los empresarios y ayudará a formalizar a los “empresarios fantasmas” que han hecho del mercado negro y la corrupción su ventaja competitiva.
Lamentablemente, ese pacto confunde causa con efecto. El inmenso sector informal es el efecto visible del estatismo. Cuanto más intervencionistas son los gobiernos, mayor es la pobreza, la informalidad y la corrupción. Por eso, mientras no se establezca una genuina economía de mercado, todo el esfuerzo para combatir la informalidad fracasará, lo mismo que la lucha contra la corrupción y la pobreza. De nada sirve atacar la informalidad, la corrupción y la pobreza si no se modifican las causas que las originan.
En mi país, la mayoría de quienes trabajan lo hacen doce o más horas al día, no tienen seguridad social y cobran bastante menos del sueldo mínimo legal. Entonces, no son informales por gusto. ¿Cómo solucionar esta informalidad? Una posibilidad es que el gobierno haga cumplir la ley, realizando controles masivos y aplicando fuertes multas a los empleadores. El resultado sería una catástrofe. Muchas personas perderían su trabajo y quedarían en la calle. Se estima que en el mercado negro laboral trabaja más del 60% de la población económica activa.
Los economistas han comprobado que las leyes laborales populistas y los salarios mínimos no relacionados con la productividad son las causas principales de la desocupación y la pobreza. Los empresarios informales no pueden pagar a sus empleados más de lo que estos producen. Tampoco pueden cumplir con las leyes tributarias y ambientales. Sólo un grupo relativamente reducido de empresarios fuertes operan legalmente y pueden cumplir con las normas.
En casi toda América Latina, no se cumplen las leyes excesivamente intervencionistas. El hecho que no se cumplan, sin embargo, evita sus efectos más graves. Muchos no ganan el salario mínimo ni acceden a la seguridad social, pocos empresarios pagan sus impuestos o cuentan con las licencias y permisos requeridos para operar sus negocios y muchos menos invierten en la protección ambiental. Unicamente las grandes y medianas empresas pueden operar en la formalidad. El resto sobrevive pagando coimas.
No importa cuanta coerción se aplique a los informales, no se conseguirá hacerles cumplir leyes costosas, absurdas e inmorales. Para sacarlos de la clandestinidad es preciso simplificar y reducir los impuestos, adecuar la ley laboral a la realidad nacional y eliminar los trámites caros y engorrosos requeridos para legalizar las empresas. Los informales desean la legalidad pues los costos de la corrupción, las malas leyes y la justicia ineficaz recaen sobre ellos, impidiéndoles progresar.
Pero los pequeños empresarios que pretenden ser honestos suelen quebrar o se ven obligados a emigrar. Sobreviven los que pagan por debajo de la mesa. Pagan coimas a inspectores, policías, mafiosos y jueces corruptos, a expensas de la expansión, modernización y capitalización de sus empresas. En cambio, los empresarios con amigos políticamente poderosos y los tramposos prosperan mediante las ventajas, franquicias y privilegios que les da el gobierno. Los buenos negocios generalmente les están reservados a unos pocos.
