Dentro de aproximadamente un mes se celebrarán elecciones legislativas en Afganistán, las primeras en mucho tiempo. Más de 800 efectivos de lo mejor de nuestro ejército se encuentran en este país para que los comicios se celebren con tranquilidad, para prestar ayuda humanitaria a una población falta de casi todo tras dos décadas de guerra y para contribuir a la reconstrucción de una nación devastada. No somos los únicos, la práctica totalidad de la comunidad internacional se ha implicado directa o indirectamente con el drama afgano desde que el inhumano régimen de los talibanes fuese aniquilado por el ejército norteamericano en 2001. Afganistán, sin embargo, no es todavía un país seguro. Las fuerzas aliadas controlan las grandes ciudades mientras que en el medio rural –eminentemente montañoso- permanecen aún activos algunos focos donde los terroristas islámicos han buscado cobijo.
Como toda misión en un país altamente inestable, los efectivos españoles corren un riesgo evidente e imposible de soslayar. A pesar de que están destacados allí para ayudar a la población, han de vivir en permanente estado de alerta y realizan todas su operaciones de transporte mediante vuelos tácticos y siempre en aeronaves militares. En uno de estos vuelos de alto riesgo, un helicóptero del Ejército de Tierra se estrelló ayer en un remoto paraje en circunstancias aún desconocidas. El balance de víctimas ha sido desolador. Los diecisiete tripulantes del aparato han fallecido. Junto al helicóptero siniestrado volaba otro que, por fortuna, pudo realizar un aterrizaje de emergencia. A pesar de que la investigación no ha avanzado aun lo suficiente para conocer con exactitud la causa del siniestro, lo ocurrido es de una gravedad tal que merece un primer análisis frío y reposado.
Por un lado, ya se trate de un accidente o de un ataque terrorista, la muerte de estos diecisiete valientes en el desierto afgano no ha de poner en solfa en modo alguno los compromisos internacionales de España en Afganistán dentro de la fuerza internacional ISAF. Un suceso así debería, al tiempo que lamentamos su pérdida, debería hacernos sentir orgullosos de unos compatriotas que se han dejado la vida cumpliendo con su obligación al servicio de España y como abanderados de la causa de la libertad. Por otro, y volviendo la vista sobre el caldeado panorama político en el que vive nuestro país, ningún partido debería utilizar la trágica muerte de 17 militares con fines políticos, porque con la muerte no se comercia. Es cierto que el actual Gobierno cuando se encontraba en la Oposición hizo un uso intensivo de las desgracias para desgastar al entonces gabinete de Aznar, pero eso no ha de servir de excusa para que Rajoy haga lo mismo. El Partido Popular tiene la obligación de exigir una investigación completa de lo acaecido en Afganistán pero, por elemental higiene democrática, no puede valerse de las mismas y arteras armas de las que Zapatero se valió durante sus cuatro años al frente de la pancarta.
El intolerable linchamiento al que fue sometido Federico Trillo durante meses no ha de repetirse con su homólogo actual. La mezquindad no ha de tener cabida en el prontuario de Oposición de los populares y, lo que es más importante, tal determinación deben mostrársela claramente a la ciudadanía para dejar en evidencia los mendaces argumentos y la demagogia de la que el PSOE se sirvió de continuo hasta el 14-M. Por de pronto Zapatero ya se ha puesto la venda antes siquiera de que hiciesen intención de arrojarle una piedra. Ha remarcado que identificará a los cadáveres con “certeza y seguridad” y ha insistido en el hecho de que nuestros militares se encuentran en Afganistán en misión de la ONU. Cree el ladrón que todos son de su condición. Zapatero no conoce otro lenguaje y hasta cuando los accidentes le ocurren a él se obstina en hacer la lectura política de la tragedia. Una lástima.
