Dice el artículo 14 de la Constitución que todos los españoles son “iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, no sólo está empeñado en hacer saltar por los aires la convivencia entre todos los españoles, cuyo armazón constitucional tanto costó tejer, sino que bajo su mandato se atenta impunemente contra los más elementales y básicos principios de cualquier Estado de Derecho.
Este verano etarras con miles de años de condena a sus espaldas por asesinatos se refrescaban felizmente juntitos en la piscina de la cárcel para sofocar los calores al tiempo que el que fuera secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, condenado en sentencia firme por robar el dinero público que debía haber servido para capturar terroristas, disfruta desde agosto de un especial régimen de salidas de la cárcel porque está deprimido.
Hoy se puede presumir de estar al servicio de la causa de ETA o amenazar con tirar de la manta, porque gracias a ZP hay quien tiene impunidad ante la Justicia. Zapatero ha convertido al más alto tribunal en el hazmerreír de los delincuentes, con delitos de sangre o sin ellos. Es el Estado de Derecho según ZP, cuyos efectos devastadores en la destrucción del tejido democrático y constitucional aún están por ver. Las leyes son para los ciudadanos de segunda. Zetapé y Perpiñán designan a los elegidos que están por encima de ellas.
Se ha instaurado la presidencia de la falsedad dogmática y de la prevaricación política a granel. La máscara publicitaria del giocondo monclovita no oculta ya la verdadera faz despótica, totalitaria y antidemocrática capaz de hacer que se incumplan a conveniencia las sentencias del Tribunal Supremo desde para con los delincuentes convictos hasta para los más sanguinarios terroristas.
