Con la excepción del Partido Popular, la totalidad de las fuerzas políticas catalanas están ocupadas en la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. No hace falta ser un experto, ni un lince, para prever que el proyecto resultante de este laborioso y desconcertado concierto de descomunales despropósitos vulnerará la Constitución, y por tanto debería ser rechazado por el Congreso de Diputados. Pero el sandio y desaforado Zapatero ha empeñado su palabra de que el Congreso bendecirá la propuesta que le haga llegar el Parlamento de Cataluña. Luis XIV dijo aquello de “el Estado soy yo”. Zapatero, liquidador de España y de su Estado, le hace eco: “el Congreso soy yo”.
Ibarreche quiere impulsar una “mesa de partidos”, que incluya a todos, desde Zapatero a Batasuna, y que pueda culminar en su anhelado referéndum de independencia. Más atentos con el Presidente del Gobierno han estado los de Batasuna. Le han excitado a ser “valiente” y a que les pida “contrapartidas”. Por lo menos éstos son más agradecidos con Zapatero, que ha relegalizado de hecho a Batasuna (aunque según la anciana vicepresidenta Batasuna no existe). Porque Zapatero no es sólo el Congreso: “el Poder judicial soy yo”, puede también exclamar este sandio y desaforado liquidador de España y de su Estado.
He leído que, según un instituto de encuestas de la misma Generalidad, sólo una mínima parte de los catalanes (creo recordar que el 0,4%) atribuyen importancia a la redacción de un nuevo Estatuto. Probablemente sea mayor el porcentaje de vascos preocupados por las iniciativas de Ibarreche (no en vano viven bajo un gobierno sedicioso, a la sombra criminal de ETA). Con todo, no creo que sean mayoría. ¿Cómo explicar tanto malgasto de energía en tan menguadas empresas? La respuesta es obvia. La alianza con los independentistas vascos y catalanes ha parecido a Zapatero el mejor medio para mantenerse en el poder. Y éste es su único verdadero objetivo.
En estas circunstancias, Zapatero ha convocado a Rajoy a la Moncloa. Y Rajoy irá. No sé si hará bien o mal. Aun en el muy improbable caso de que el dirigente popular tuviese en cuenta mi consejo, no se lo podría dar; la incógnita desborda mis capacidades. Sí le testimonio mi angustiada simpatía. Lo veo como en una película del oeste: honesto y valeroso cowboy invitado a un juego de cartas en el saloon por un ventajista y criminal pistolero. Guárdese las espaldas y procure salir con vida de la emboscada, pues es la esperanza de ancianos, viudas y huérfanos.
¿Por ventura esta nación, incluso esta “nación de naciones” no tiene problemas reales para necesitar complicarse la vida con estos otros artificiales? Claro que los tiene, y tantos que es difícil hacer un inventario exhaustivo. Dejo al lector el trabajo de acometer tal inventario. Me referiré sólo a uno de ellos, también de particular actualidad: la financiación de la sanidad pública. Parece ser que éste será el tema estrella de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos.
Probablemente a causa de mi falta de competencia en estas cuestiones, las informaciones que leo a este propósito me sumen en estado de perplejidad. Si algún lector me puede ilustrar al respecto se lo agradeceré muy sinceramente. Resulta que el déficit sanitario anual de las Administraciones autonómicas alcanza los 4.000 millones de euros. Una cantidad tan enorme quizá mereciese un estudio del sistema para eventualmente replantearse su estructura y funcionamiento. Sin embargo, semeja que tal objetivo ni se plantea. En defecto pues de sustitución o reforma del sistema, se trata meramente de allegar nuevos recursos, vía impuestos, naturalmente, para poder hacer frente a tan descomunal nivel de gasto.
Cualquiera, incluso yo mismo, puede comprender que los servicios públicos hayan de ser financiados con impuestos. Mayor explicación, en cambio, requiere que determinados impuestos (impuestos en sentido estricto, no tasas, ni precios públicos), o un porcentaje de ellos, se atribuya finalistamente a la financiación de determinados servicios públicos. En algunos casos puede justificarse porque los productos gravados tienden a incrementar el coste del servicio. Por ejemplo, es bastante común que los Gobiernos adscriban al mantenimiento de la Sanidad Pública los impuestos que gravan el consumo del alcohol y del tabaco, dada su potencialidad de incremento de la morbilidad. Incluso pueden aducirse razones genéricas de moralidad, pues son éstos placeres viciosos, que diría Tolstoi. Algo parecido puede reputarse cuando se gravan consumos de lujo (siempre que no se incluyan en ellos los modestos dentífricos y cepillos de dientes, que no sé si ahora, pero en tiempos recientes tributaron por este concepto).
Pero lo que ya no entiendo es que se adscriba finalistamente al mantenimiento de la sanidad pública impuestos, o un porcentaje de ellos, sobre productos en los que no se da ninguna de aquellas circunstancias. Sin embargo, con el anterior Gobierno (del Partido Popular) se autorizó a las Comunidades Autónomas a gravar con hasta 0,024 euros cada litro de carburante para financiar la Sanidad Pública (el “céntimo sanitario”). Algunas Comunidades, mayormente con Gobierno del PP, hicieron uso de esta posibilidad. Los socialistas inicialmente criticaron esta medida. Pero, ahora han cambiado de criterio. Es lógico, pues lo primero que se le ocurre a un socialista, responsable de economía, es subir los impuestos. Y, así, el Gobierno de la nación pretende ahora no ya generalizar el “céntimo sanitario”, sino extenderlo al impuesto que grava el consumo de electricidad.
Al margen de la facilidad recaudatoria, ¿tiene alguna lógica este sistema? Yo no se la veo. Se trata de impuestos restrictivos de la actividad económica y con notable potencial inflacionario. Para consuelo de tontos, en otros países hacen cosas parecidas. Recientemente Chirac anunció un impuesto sobre el precio de los billetes de transporte aéreo para ayudar a los países africanos a financiar la lucha contra el SIDA. Antes hubo propuesta similares para gravar las transferencias de capitales. ¿Cuál es la lógica de afectar la recaudación de particulares impuestos a particulares servicios públicos? Y, si tiene alguna lógica, ¿por qué no se universaliza el sistema? Tendría que haber impuestos particularmente adscritos al pago de los gastos de defensa, de educación, de ayuda al desarrollo, de mantenimiento de la Casa Real, del sueldo y gastos de representación del Presidente del Gobierno, Ministros y Ministras, etc. Según lo que uno consumiese financiaría uno u otro servicio público. Pero, entonces, ¿por qué subsiste el impuesto sobre la renta?
Quizá si nuestros políticos se ocupasen de este tipo de problemas, tan reales, tendrían menos tiempo y ocio para intentar resolver aquellos otros problemas que ellos se crean gratuitamente. Problemas inacabables e insolubles, a fuer de artificiales.