El plan con que el Gobierno trata de enjugar el déficit sanitario debería suscitar un gran debate acerca de la política de hechos consumados de algunos gobernantes periféricos, de la irresponsabilidad con que han acumulado déficit sin control durante lustros. En el caso catalán, habría que examinar con espíritu crítico la manera en que el pujolismo financió su programa de construcción nacional, pavorosamente clientelista, quemando recursos que, sin el comodín del déficit, habrían ido a partidas menos rentables políticamente. Como la sanidad.
Considérense las necesidades de un Estado del Bienestar como el nuestro, que tiene uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Si este es el nivel que deseamos, hay que poder financiarlo de modo realista y viable. Si no, lo disfrutaremos durante un tiempo más o menos largo y se irán beneficiando de él cada vez más los inmigrantes, mientras, como sucede en Cataluña, la mayoría suscribe pólizas con mutualidades privadas para los problemas menores, que son los que atascan los servicios. ¿Qué quieren legar nuestros gobernantes autonómicos a las generaciones futuras: economías saneadas y servicios públicos excelentes o hipotecas?
Nuestros médicos, los peor pagados de Europa, se ven obligados a visitar pacientes en pocos minutos mientras las listas de espera se alargan, el número de camas apenas crece y nadie se plantea mejorar los aspectos secundarios de la atención médica, que no lo son tanto en la percepción de los pacientes. En el universo contemporáneo de la gestión sólo existe una medida de la calidad: la valoración del cliente, en este caso usuario. Muchos suspenderán al sistema del que ha recibido sin cargo exclusivos tratamientos médicos con tecnologías punteras. Y lo harán por razones que no tienen nada que ver con el trabajo de los médicos ni con el equipamiento de los hospitales; podrá más la impresión por el estado de muchas instalaciones, el colapso de los servicios de urgencias, la falta de camas, los pasillos donde se acumulan los enfermos… y el trato personal.
Los inmigrantes son usuarios intensivos de la sanidad pública. Según testimonios médicos, muchos se presentan con el diagnóstico ya hecho en su país, a la espera de que España les dé fecha de intervención quirúrgica. Hemos querido una asistencia universal de gran calidad y que no discrimine. Está bien que sea así, pero no es coherente con una gestión de los recursos públicos que imposibilita el sostenimiento de tal nivel de protección.
