George W. Bush ha dado uno de los pasos más significativos en su gestión medioambiental, o de los recursos, al proponer la aplicación generalizada de las Cuotas Transferibles Individuales (ITQs, por sus siglas en inglés). Consiste en fijar para una pesquería una cantidad que se pueda explotar sin que sufra la viabilidad de los recursos, dividir esa cantidad en cuotas y subastarlas en el mercado. Es una solución a medias, que asemeja el comportamiento del mercado, sin crear verdaderamente uno. Pero supone un enorme avance sobre la gestión puramente pública que ha arruinado muchas pesquerías en el mundo.
De forma poco advertida, pero consistente, está cambiando la forma en que creemos que se deben gestionar nuestros recursos. Es el caso de los que viven en el mar, de los que extraemos gran parte de las proteínas. El XX es el siglo del estatismo. No solo el de los socialismos más extremos, sino incluso en las democracias occidentales se ha ido sustituyendo la libre iniciativa por el ordeno y mando estatal. El caso de la pesca es uno más. La Escuela de Salamanca, en especial Francisco de Vitoria y Vázquez de Mella, asentaron el principio de la libertad de los mares, que ha sido parte del ideario liberal y del derecho internacional desde el XVI. Después de la II Guerra Mundial esa libertad cayó frente al expansionismo imperialista de los Estados. Según la “doctrina Truman”, de 1945, los Estados tenían el derecho de apropiarse de la extensión de mar frente a las propias costas, hasta un límite que luego se fijó en 200 millas. Esta política ha extendido la gestión pública a los recursos marinos. El resultado ha sido ineficacia, arbitrariedades y mala gestión.
Lo que ha ocurrido con el decreto de que las pesquerías son públicas es que se han encontrado con la tragedia de los bienes comunales, la constatación de que cuando un bien es de todos y no privado, se sobreexplota. Para evitar esta consecuencia no deseada, se han introducido reglamentaciones sobre las artes de pesca, paros biológicos y demás morralla legislativa. Todo ello hubiera sido innecesario con la privatización del mar.
Pero existe una solución intermedia, satisfactoria aunque no ideal, que es la de las ITQs. Se acerca a una propiedad privada sobre los recursos, y por tanto se acerca a la institución que permite una buena gestión de los recursos. En Islandia (país del que la mitad de las entradas de divisas depende del pescado) está funcionando desde 1979 con muy buenos resultados, tanto en la evolución de la producción, como en su sostenibilidad en el tiempo. También se ha desarrollado en Nueva Zelanda desde 1986, de nuevo con buenos resultados. Aunque fue recibido con desconfianza, el propio éxito ha borrado muchas críticas desinformadas, y hoy tiene un amplio apoyo. La experiencia australiana, más reciente, también está cosechando éxitos.
