El PSOE, con el lógico apoyo de los nacionalistas, acaba de impedir que, tanto el Consejo de Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal de Cuentas, emitan cualquier pronunciamiento sobre la "reforma estatutaria" catalana antes de admitirla a trámite como tal en el Congreso. El Gobierno acaba de consumar, así, una de esas decisiones que, no por previsibles, dejan en evidencia su clara voluntad de tratar de engañar a los españoles con su repentino compromiso de apoyar una "reforma estatutaria que sea plenamente constitucional".
Si ese fuera realmente su objetivo, el Gobierno de Zapatero, lejos de rechazar la opinión de organismos e instituciones nacionales tan relevantes como las que ha ninguneado, les reclamaría, por el contrario, consejo y guía para "enmendar" aquello que debe ser enmendado para que el texto definitivo sea plenamente acorde, tanto con la persistencia de España como nación, como con la vigencia de la Constitución del 78 como nuestra Ley de Leyes. Pero como eso es tanto como preguntar qué se puede hacer para que un pulpo sea aceptado como animal de compañía, el presidente prefiere proseguir su huida hacia delante, ahorrándose unas energías que tanto va a necesitar para abortar cualquier conato de rebelión entre sus propios escaños a la hora de aprobar ese "Estatuto" y, sobre todo, para tratar luego de torcer la voluntad y el prestigio profesional de los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos serán, a la postre, los que tengan la última palabra si, definitivamente, se aprueba como reforma estatutaria lo que, en realidad, es una reforma –por no decir, voladura– constitucional encubierta.
De hecho, tanto el PSOE como los nacionalistas han justificado su renuencia a los informes previos del Consejo de Estado, del CGPJ o del Tribunal de Cuentas alegando, precisamente, que "este órgano parlamentario –la Mesa del Congreso– no debe entrar a juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al Tribunal Constitucional, como así ha dictaminado en sentencias anteriores".
Esta monumental falacia es una muestra –una más– de hasta qué punto persiste la voluntad de engaño por parte del Gobierno del 14-M y de los nacionalistas. Evidentemente, el Tribunal Constitucional es quien juzga la constitucionalidad de la norma; pero eso no es excusa, en absoluto, para que el poder legislativo no haga, previamente, todo lo posible para que la letra y el espíritu de lo que apruebe sea acorde con nuestro ordenamiento constitucional.
Luego, efectivamente, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. Pero, de tomarse en serio la vulgar e insostenible excusa dada por los nacionalistas y el PSOE, tampoco, entonces, pintarían nada las enmiendas con las que ZP tratará, supuestamente, de enmendar los "rasgos de inconstitucionalidad" que tan repentina y escasamente percibe el presidente en el texto de marras. ¿Quiénes serían, entonces, los grupos parlamentarios y sus enmiendas para "juzgar la constitucionalidad de una iniciativa, labor que corresponde al Tribunal Constitucional"?
El colmo de la desfachatez es que los mismos partidos que han impedido que el CGPJ o el Tribunal de Cuentas haga público un informe sobre un texto que de forma tan clara afecta a sus competencias; los mismos que se niegan a que el Consejo de Estado dé su opinión sobre su constitucionalidad, son los mismos partidos que, en Cataluña, no tuvieron empacho en reclamar un informe a un órgano de menor relevancia –pero mucho más sensible a sus presiones–, como es el Consejo Consultivo Catalán.
